MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora de ONGD denunció hoy que la reforma de la ley de Extranjería (LOEX), que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, "supondrá un retroceso en la defensa de los derechos de la sociedad en su conjunto y afectará negativamente a la credibilidad y eficacia de la cooperación española", lo que tendrá repercusiones en las labores que realizan estas organizaciones.
Según advierte el organismo en su documento 'Reforma de la Ley de Extranjería.
Análisis desde la perspectiva de desarrollo', hecho público hoy, "la política migratoria española está adquiriendo orientaciones claras hacia intereses estrictamente económicos". Así, subraya que la reforma actual de la ley "supone un paso más en la consolidación de una política restrictiva en lo que a temas migratorios se refiere".
En este sentido, critica que la adopción de este enfoque, "choca claramente con los postulados defendidos y abordados históricamente por la cooperación para el desarrollo", pues se produce una colisión entre el modelo migratorio liderado por la UE y asumido por España, "que considera a los inmigrantes como mera fuerza laboral y simples mercancías" y las ideas de desarrollo como libertad que promueven las ONGD.
A juicio de la coordinadora, los aspectos "más graves" relacionados con el retroceso en derechos son: la negación del empadronamiento a los migrantes irregulares y la obstaculización al acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos, la vivienda, la justicia gratuita y a la protección de las víctimas de violencia de género.
Igualmente, de su documento se desprende que las restricciones a la reagrupación familiar "no sólo vulneran el derecho a vivir en familia, sino que repercuten negativamente en uno de los principales mecanismos de desarrollo de los países de origen de la migración, como son las remesas enviadas por los migrantes, cuya cuantía "es equiparable al
presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo del conjunto de Estados miembros de la UE".
Por todo ello, la coordinadora insta al Gobierno a abrir de nuevo el texto de
reforma de la Ley de Extranjería al diálogo social, de modo que incorpore en el debate las voces críticas de las numerosas organizaciones sociales y de cooperación que demandan una política migratoria que equipare los derechos ciudadanos para todas las personas que residen en España, con independencia de su orígen.