ONG piden al Gobierno un renta mínima garantizada para las familias más golpeadas por la crisis

Un niño come un trozo de pizza mientras ve la televisión en su casa - Jesús Hellín - Europa Press

   MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Las ONG han reclamado al Gobierno un ingreso mínimo garantizado, con una cobertura equivalente en todo el territorio del Estado, que sea capaz de llegar a las familias que han caído en la pobreza y la exclusión social, por efecto de esta crisis provocada por el COVID-19.

   En concreto, Cáritas ha lanzado el documento 'Covid19: Una crisis que exige una respuesta en forma de Ingreso Mínimo Garantizado', en el que pide que este ingreso mínimo vaya dirigido a hogares sin ingresos y vinculado al número de personas que forman el núcleo familiar o de convivencia.

   También propone que la edad mínima para recibir este ingreso sea de 18 años y la máxima la correspondiente a la de jubilación legal; que las personas perceptoras sean las empadronadas independientemente de su nacionalidad; y que la ayuda sea compatible con varias prestaciones en un domicilio, con un límite en la suma de cuantías.

   Según precisa Cáritas, la percepción de dicha renta deberá ser incorporada en el sistema de Seguridad Social "como derecho subjetivo únicamente condicionado al nivel de renta del hogar" y su temporalidad "debería estar vinculada al cumplimiento de la situación de 'no ingresos'".

   La cantidad a percibir podría estar ubicada entre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y el umbral de pobreza relativo, calculada en función de los miembros del hogar a través de las unidades de consumo de la escala OCDE modificada u otras opciones mejoradas, según añade la organización de la Iglesia Católica.

   También subraya que "esta prestación debe ser plenamente compatible con la actual deducción fiscal reembolsable para familias numerosas (incorporando a las familias monoparentales) y personas con discapacidad" para que los actuales beneficiarios de esas deducciones no salieran perdiendo con la nueva prestación.

   Además, Cáritas subraya que el IMG debería contar con un complemento que facilite la incorporación al mercado de trabajo y que se dirige a dos colectivos de forma simultánea: "personas que perciben el IMG y que comienzan a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y trabajadores cuyo salario no les permita alcanzar los mínimos umbrales de supervivencia".

REUNIÓN DEL TERCER SECTOR CON EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES

   Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector, formada por 30.000 ONG, ha planteado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la necesidad de establecer un sistema estatal de rentas mínimas, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo.

   Así lo ha pedido el presidente de la PTS, Luciano Poyato, en su segunda reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, que, según precisa la Plataforma, "se ha comprometido a incluir el 95%" de sus propuestas en la nueva ley de rentas mínimas, que el Ejecutivo está ultimando para dar respuesta a la "grave" situación social que está desencadenando el coronavirus.

   Durante el encuentro, Poyato ha defendido que este sistema de rentas mínimas debe prolongarse en el tiempo, más allá de la emergencia social actual y debe ser "accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para el desarrollo personal de sus integrantes".

   "La crisis del COVID-19 hace inaplazable el reforzamiento de las redes de seguridad del Estado social para proteger a las personas que se encuentran en una situación de exclusión y pobreza. La gravedad del momento urge a una acción decidida del Gobierno para asegurar el suelo vital y que no nos vuelva a ocurrir como en la crisis económica del 2008", ha subrayado Poyato.

   Así, el sistema que defiende el Tercer Sector de Acción Social tiene como objetivos "eliminar la pobreza severa, reducir la pobreza infantil, asegurar una vivienda digna, promover la inclusión social e incorporar la discapacidad y la dependencia, ya que son los colectivos con una mayor exposición a la exclusión".

   Durante la reunión, el secretario de Estado de Derechos Sociales también se ha comprometido, según la Plataforma, a aprobar una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social y a poner en marcha a la mayor brevedad posible la nueva convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.

   Desde el Tercer Sector también han insistido de nuevo en algunas de las demandas pendientes como, por ejemplo, "la creación urgente de un Grupo Operativo, entre la propia PTS y el Gobierno, con el objetivo de tener una interlocución real, efectiva y productiva para poder gestionar, desde el punto de vista social, la pandemia". En este sentido, han pedido una reunión con el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, "para que, dada la situación de emergencia" por el COVID-19, "el Tercer Sector tenga un canal de comunicación de máxima representación".

   Por último, han pedido que se lleve a cabo una gestión "extraordinaria y excepcional" de la recaudación conseguida a través de la casilla con fines sociales del Impuesto de Sociedades durante el año 2019 (año fiscal 2018) para abordar la crisis de la pandemia, que pueda realizarse a través de subvenciones nominativas y no tenga que esperar a un Real Decreto que, según recuerdan, "lleva congelado más de un año".