Inmigrantes ven "una de cal y otra de arena" en la circular que prohibe las redadas mientras se restringe la sanidad

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, celebra que el Ministerio del Interior haya publicado instrucciones para prohibir las identificaciones policiales callejeras basadas en criterios raciales aunque considera que es "una de cal y otra de arena", teniendo en cuenta que Sanidad va a dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, por lo que pide al Ejecutivo "coherencia y sensibilidad" en sus políticas.

Sobre el primer asunto, Paspuel ha explicado en declaraciones a Europa Press que el fin de las redadas es "una de las reivindicaciones clásicas de todo el tejido asociativo" en la inmigración, que se trasladaban con cierta frecuencia al Ministerio el Interior, aunque su entonces titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, "decía que no se hacían estas redadas".

"Estas redadas selectivas fenotípicas las hemos vivido muchos inmigrantes, en un permanente pararte en la calle, con la situación vergonzosa de que todo el mundo te mira y te quedas mientras allí retenido o, si no tienes los documentos, acabas en el Centro de Internamiento. Siempre lo hemos condenado", ha recordado.

El presidente de la asociación mayoritaria entre los ecuatorianos, no obstante, señala que "siendo una medida positiva", se aprueba cuando el Ministerio de Sanidad ha decidido dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y mientras "algunos ayuntamientos" les impiden acceder al Padrón o renovarlo. "Pedimos mayor coherencia y sensibilidad", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la entidad de inmigrantes colombianos AESCO, Yolanda Villavicencio, para quien la circular es "positiva" porque se venía demandando "que esta persecución cesara" y porque, en su opinión, "este ejercicio de pedagogía política por parte de un ministro del Interior viene muy bien".

No obstante, "con una se quita y con otra se da", ya que, conforme ha recordado, los inmigrantes en situación irregular están "pasando un momento muy difícil" ante la perspectiva de perder en agosto su tarjeta sanitaria, y no descarta que precisamente esta decisión del Ministerio de Sanidad y el rechazo que ha generado en una parte de la sociedad tengan que ver con el anuncio ahora del titular de Interior.

"Supongo que puede tratarse de eso, dado que las redadas viene siendo tan cuestionado y está tan fuera de lugar y del marco legal que el que se aplique la legalidad ya estaría bastante bien", ha señalado. Con todo, ha apuntado que "ahora se vuelve a la situación de otro Gobierno del PP donde justamente todo el tema del derecho a la sanidad se negaba".

Pese a todo, Villavicencio considera que lo importante es que "la población migrante sea considerada de forma igualitaria" y, por eso, en su opinión "el hecho de que se suspendan estas redadas en un momento de crisis, desempleo y paro, donde las tendencias xenófobas de la sociedad van a recaer sobre los más débiles, es positivo".

PARA KARIBU "ERA UN PROBLEMA DIARIO"

Por otra parte, el presidente de la asociación de apoyo a inmigrantes subsaharianos Karibu, el padre Antonio Díaz, considera que era cuestión de tiempo que el Ejecutivo prohibiese estas prácticas porque "las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban operando contra la ley". "Una cosa es detener a uno porque se cree que hay un delito y otra las detenciones masivas o por grupos y todo eso, y a base de mucho insistir y pedir y de muchas acusaciones, se ha conseguido", ha apuntado.

En declaraciones a Europa Press, Díaz ha recordado que durante la pasada legislatura los responsables de Interior negaban que estas redadas se estuviesen produciendo y ha explicado cómo denunció una serie de detenciones producidas a la puerta de su asociación y recibió por respuesta "que eso no se practiraba", cuando para Karibu "era un problema diario y continuo".

"Podría ser que algún intermediario no estuviera de acuerdo, pero otros lo estaban ejecutando y no querían reconocerlo públicamente aunque nosotros teníamos los hechos constatables (...) ahora hay un documento público que todos conocemos y podemos actuar conforme a él", ha destacado.