MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un centenar de organizaciones, lideradas por Rights International Spain y el Equipo del Decenio Internacional Afrodescendiente, han firmado una carta que han enviado al Ministerio del Interior una carta solicitando la implementación de medidas efectivas para erradicar el racismo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tal y como señalan las entidades, esta misiva se redacta con el espíritu de "favorecer y asentar los cimientos del diálogo entre sociedad civil y autoridades".
Es por ello que, la nota dirigida al ministro Fernando Grande-Marlaska se enmarca "en la línea del pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU" que, según explican, planteó en 2020 la urgencia y necesidad de un debate global sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales y sobre el racismo estructural.
En este sentido, indican que "la perfilación racial es una práctica policial que tiene un gran impacto negativo sobre las personas afectadas, personas racialmente diversas, y la sociedad mayoritaria en general".
Así, señalan "las experiencias sobre el uso policial del perfil racial refieren a situaciones traumatizantes y humillantes que generan indefensión, inseguridad, impunidad y afectan a diario a personas que prefieren no transitar determinadas zonas, ni salir de sus barrios e incluso, no salir de casa por miedo".
FOMENTO DE ESPACIOS COMUNES
En el documento, recogido por Europa press, las organizaciones señalan los datos del informe 'Ser negro en la UE' de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del que se desprende que el 24% de las personas encuestadas afirmó haber sido parada en los cinco años anteriores a la encuesta, entre ellas, el 41% consideró que la parada constituía una perfilación racial.
Ante estos datos, las recomendaciones internacionales llaman a implementar formularios de identificación que mejoren los procedimientos de acción policial y que ya se ha implementado en algunas policías locales en España. Esta iniciativa también ha sido recomendada por el Defensor del Pueblo.
Con esta carta, explican las organizaciones, quieren recordar al Ministro del Interior que "un paso esencial para encarar este problema es reconocer su existencia".
"El aspecto étnico-racial de las personas no es un criterio legítimo y objetivo en la intervención policial", denuncian. Así, las organizaciones impulsoras apelan al ministro "a fomentar espacios de trabajo común y diálogo, honesto y valiente, en un clima de confianza entre la sociedad civil y la policía, para avanzar en modelos de seguridad comunitarios".