Publicado 06/10/2022 12:31

El Defensor del Pueblo viaja a La Palma para reunirse con instituciones y asociaciones de afectados por el volcán

Vista de la colada junto a plataneras en una finca en el municipio de Tazacorte, a 09 de septiembre de 2022, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife Canarias (España).
Vista de la colada junto a plataneras en una finca en el municipio de Tazacorte, a 09 de septiembre de 2022, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife Canarias (España). - Kike Rincón - Europa Press

   MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, viaja este jueves a la isla de La Palma para supervisar el estado de ejecución de las medidas adoptadas y la labor de las administraciones, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre, una visita en la que Ángel Gabilondo tiene previsto reunirse con asociaciones de afectados y con representantes institucionales.

   Durante su estancia en la isla, el Defensor mantendrá encuentros con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; con el Comisionado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo; con el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández, y con los alcaldes de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, tres de los municipios más afectados por la erupción volcánica. También se reunirá con el Diputado del Común (defensor del pueblo de Canarias), Rafael Yanes.

   Además, el Defensor del Pueblo se trasladará a algunas de las zonas más castigadas por la erupción del volcán, según ha dado a conocer la institución. En los 85 días de actividad, se calcula que el volcán expulsó 159 millones de metros cúbicos de lava, el equivalente a 1.707 campos de fútbol, sepultó 73,8 kilómetros de carreteras y afectó a 2.988 edificaciones.

   Según las estimaciones publicadas por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias en diciembre de 2021, la cifra de daños a bienes públicos y privados superaría los 842 millones de euros. Hasta el 16 de septiembre los damnificados han recibido ayudas por valor de 565,54 millones de euros, según fuentes del Gobierno de Canarias. Estas ayudas proceden de las diferentes administraciones --la mayoría-- y de entidades privadas.

   De los 565 millones, 257,5 se destinaron a ayudas para viviendas y alojamiento a personas afectadas por la erupción; 88,4 millones a emergencia social y de apoyo al empleo; 80,52 millones para empresas, autónomos y sectores económicos y 139,1 millones a otras medidas, como reconstrucción de infraestructuras o montaje de desaladora de emergencia, entre otras.

   El Defensor del Pueblo anunció una actuación de oficio el 14 de enero para conocer la situación de los damnificados por los efectos del volcán y valorar cómo estaban respondiendo las administraciones a esta situación sobrevenida, así como los planes previstos para reconstruir la isla y reparar los daños ocasionados a la actividad económica y paliar el impacto en los espacios naturales protegidos.

   Además, en la institución se han recibido un manifiesto de una asociación de afectados por el volcán y dos quejas ciudadanas, y se llegaron a abrir otras actuaciones de oficio sobre diferentes asuntos relacionados con este mismo caso. La mayoría de estas actuaciones siguen abiertas.

   La Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a isla de La Palma acordó responder de manera conjunta a la solicitud de información del Defensor del Pueblo, a través de un informe/balance de la respuesta de las administraciones.

   El 6 de junio, el Defensor recibió en la sede de la institución al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, que hicieron entrega de un informe pormenorizado con las actuaciones y medidas emprendidas, tras la erupción del volcán.

   Gabilondo destacó en ese acto el esfuerzo conjunto que estaban realizando la administración central, la administración autonómica y las administraciones locales para paliar los efectos de la emergencia, reconstruir la isla y atender a los afectados.