El Gobierno destina 50 millones de euros a ayuntamientos para reforzar sus servicios sociales, ante la DANA

   MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha incluido en el Real Decreto Ley aprobado este lunes en el Consejo de Ministros dirigido a atender la situación de emergencia por la DANA, una partida de 50 millones de euros a los ayuntamientos afectados por la DANA.

   El objetivo, según ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado, es que los servicios sociales dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida que ha generado esta catástrofe y que se van a traducir también en situaciones de privación material y riesgo severos de exclusión social para miles de personas.

   Además, han incluido una concesión directa de 5 millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades en toda España, como Cruz Roja, Cáritas, CERMI o Plataforma del Voluntariado, muchas de ellas con implementación en la Comunidad Valenciana.

   Bustinduy ha señalado que todas ellas, así como las entidades locales, están siendo "un actor fundamental" en la emergencia para que la ayuda llegue "a todos los rincones, por su capacidad de activar y organizar a la sociedad y por su flexibilidad para asegurar la ayuda".

    También han incorporado una concesión directa de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social para el despliegue del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios afectados, donde profesionales de este grupo, especializadas en atender a personas víctimas de catástrofes, ya llevan varios días trabajando, yendo puerta por puerta en las zonas más necesitadas. "Los poderes públicos caminamos siempre de la mano de la sociedad civil organizada", ha asegurado el ministro.

   En materia de Consumo, Bustinduy ha introducido un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados con anterioridad al 28 de octubre de este año 2024.

    De esta manera, el Ministerio quiere garantizar que toda persona que lo necesite pueda acceder a los servicios de velatorio y ceremonias fúnebres "en condiciones de equidad". "Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador", ha apuntado.

   Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales ha introducido en el Real Decreto Ley la flexibilización del plazo para tramitar subvenciones a proyectos de entidades del tercer sector que se hayan visto afectados, tanto en su ejecución como en su justificación, bien porque sus instalaciones hayan sufrido daños, porque haya afectado a sus trabajadores, porque sus plantillas están mermadas o porque hayan relegado esos proyectos para colaborar con las tareas de emergencia.