El Gobierno tumba el recurso de la asociación ACOM contra la aportación del Ministerio de Bustinduy a la UNRWA

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MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha desestimado el recurso interpuesto por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de noviembre de 2024, por el que se autorizó una contribución del Ministerio de Derechos Sociales a UNRWA, la agencia de Naciones Unidas que trabaja con la población refugiada palestina, por valor de 860.000 euros para paliar situaciones de discapacidad sobrevenida en el pueblo palestino.

Tras esta decisión, la asociación sionista ACOM presentó un recurso, el pasado 23 de diciembre, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros con el fin de revocar la citada ayuda.

Por ello, la decisión de este martes rechaza el recurso presentado por ACOM y sigue adelante con la ayuda de 860.000 euros ya que, según han apuntado a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Bustinduy, "se han seguido todos los procedimientos legales oportunos para su tramitación, por lo que no cabe recurso ni paralización".

ACOM ya interpuso en mayo de 2024 un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Derechos Sociales por las cartas enviadas a empresas españolas en Oriente Medio para recordar sus obligaciones en materia de diligencia debida y respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si bien, en julio de 2024, la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional inadmitió el recurso de ACOM tras no encontrar irregularidad alguna.

En este sentido, Bustinduy explicaba que la iniciativa "persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU".

Igualmente, ACOM también publicó un comunicado contra el ministro Bustinduy, en octubre de 2024, después de que el Ministerio recordara en una circular la obligación de etiquetar "correctamente" los productos que provengan de territorios ocupados por Israel en Palestina. "La misiva iba cargada de ataques como ministro pirómano y califica al Gobierno de asociación criminal", han recordado las mismas fuentes.