MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de 1.558 personas que lideraban protestas por conflictos ambientales han muerto en el mundo entre 2002 y 2017, una cifra que supera el número de soldados británicos y australianos muertos en zonas de guerra en ese tiempo.
Así lo ha reflejado un estudio publicado en la revista 'Nature Sustainability', que refleja cómo en estos quince años se duplicó la cifra de crímenes, sobre todo en países con "altos niveles de corrupción y un Estado de Derecho débil".
Con motivo del Día Internacional por los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, Alianza por la Solidaridad ha denunciado en un comunicado esta "creciente presión" sobre las comunidades indígenas y ha recordado que "los conflictos, casi siempre, son provocados o cuentan con la colaboración de grandes empresas transnacionales".
La investigación ha destacado que las regiones más mortíferas para estos defensores y defensoras, la mayoría de origen indígena (son el 40% de los asesinados) eran de Centroamérica (36% de las muertes) y Sudamérica (32%).
La ONG ha lamentado que, según los últimos datos recabados por Global Witness, en Guatemala "sólo en un año se han quintuplicado los asesinatos de defensores del territorio y el medio ambiente, pasando de tres en 2017 a 16 en 2018, lo que convierte a Guatemala en el país más peligroso del mundo en relación con su población".
"Los pueblos indígenas gestionan o tienen derechos sobre al menos 38 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial, una cuarta parte de la superficie terrestre que se superpone con cerca del 40 por ciento de las áreas terrestres protegidas y/o paisajes ecológicamente intactos", han señalado los autores de la investigación de las universidades de Queensland, Sussex y Oxford.
La investigación ha incidido en que, aunque "la evidencia es cada vez mayor" de que los territorios indígenas son "igualmente o más efectivos" para conservar los bosques que las áreas protegidas administradas por el Estado, "la continua falta de derechos, la represión y la marginación y la liberalización de la inversión externa" significa, según los autores, que estos grupos "están más sujetos a la violencia con impunidad".
Dentro de la campaña 'TieRRRa', Alianza por la Solidaridad mantiene abiertas iniciativas de apoyo a las comunidades y los líderes indígenas en Guatemala, El Salvador y Colombia.
Además, ha exigido al Gobierno español en funciones que apoye en los foros internacionales "medidas que favorezcan la obligatoriedad de la defensa y máxima protección de los derechos humanos y ambientales por parte de las empresas, así como el apoyo a las personas defensoras amenazadas y criminalizadas por la defensa de sus territorios cuyas vidas corren peligro".
Andalucía
