MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los migrantes de origen subsahariano que malviven en los montes y bosques en torno a Ceuta y Melilla no han notado la apertura de las oficinas de asilo del Gobierno de España en los puestos fronterizos de ambas ciudades autónomas, una iniciativa cristalizada en la reforma de la Ley de Extranjería que se aprobó el jueves y que para estas personas "no cambia nada".
Lo explican cooperantes y misioneros que trabajan con esta población y que ven cómo inauguradas estas nuevas dependencias el pasado 16 de marzo --aunque en Melilla funciona desde septiembre--, hay personas que siguen jugándose la integridad física para intentar alcanzar suelo español saltando la valla o echándose al mar. No tienen permiso de residencia en Marruecos ni posibilidad de conseguir la venia de abandonar el país, así que nunca podrían cruzar las filas de policía marroquí que les separan hoy de la frontera española.
"El artículo 50 de la Ley de Extranjería marroquí dice que es un delito castigado penalmente salir de Marruecos sin la documentación necesaria. Un inmigrante sin documentación no puede llegar al puesto español, es más, la policía marroquí no sólo le va a pedir documentación, sino también el visado o el permiso de residencia en un país europeo y el pasaporte", explica Ahmed Khalifa, de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes.
Esta entidad está en contacto con "unas 150 personas" afincadas en los bosques cercanos a Ceuta que tienen aspiración de llegar a suelo español. Explica que "muchos son de países de los que podrían pedir asilo, como Costa de Marfil o Malí, pero no lo están haciendo" ni lo harán en las nuevas oficinas españolas, porque la única manera de llegar sería "falsificar la documentación o burlar los puestos y correr".
"Para los demás, no cambia nada, todo sigue igual. Decir que ahora tienen esas oficinas es para lavar la imagen por lo mal que lo han hecho en España en los últimos años, de cara a la Unión Europea y demás, pero va en la línea de endurecer las leyes para camuflar las injusticias de la Ley de Extranjería en el acceso de a los derechos fundamentales de estas personas, como el derecho de asilo", denuncia Khalifa.
"ES COMO SI NO EXISTIERAN"
Para el delegado de Migraciones del Arzobispado de Tánger en Nador, Esteban Velázquez, "hasta ahora es como si no existieran" esas oficinas. "Los sirios son prácticamente los únicos que las han utilizado y el cómo va a llegar un africano es un gran problema. Me consta que hay organizaciones pensando maneras de conseguirlo, pero creo que las autoridades deberían renovar el acuerdo España-Marruecos a la luz de estas nuevas circunstancias", explica en declaraciones a Europa Press.
Este experto, cuyo ámbito de actuación es el entorno de Melilla, incide en que ambos gobiernos "tienen la obligación legal de facilitar la llegada de todo hipotético beneficiario de ese derecho de asilo a las oficinas y hoy por hoy, los migrantes subsaharianos no están llegando".
Para el padre Esteban no es, como dice el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, porque se trata de migrantes económicos que no tienen derecho a protección internacional, ya que "hay africanos de Malí, de Costa de Marfil o que reúnen otras circunstancias legalmente reconocidas como la trata que por lo menos la petición tienen derecho a hacerla y a quienes se les está excluyendo del ejercicio de este derecho".
Según las cifras del ACNUR a las que ha tenido acceso Europa Press, sólo la oficina de Melilla ha recogido más de un millar de solicitudes de asilo en lo que va del primer trimestre de este año, el doble que en todo el año pasado. Han sido 110 en Ceuta entre enero y febrero. En ambos casos, ninguna petición corresponde a ciudadanos de origen subsahariano, aunque entre los más de 1.500 residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla los hay de Guinea Conackry y Malí, entre otros lugares emisores de refugiados.
LA VALLA DE MARRUECOS Y LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE
Mientras las oficinas, así, no cambian en nada la situación de estas personas, lo que sí es un cambio es la valla que está construyendo Marruecos en su lado de la frontera. Cuatro metros de altura, alambres con cuchillas antes de llegar y sobre toda la superficie del vallado y después, un foso, que según han contado algunos migrantes al padre Esteban, tiene o tendrá trozos de vidrio. Si lo superan, todavía quedará la doble valla española, con sus seis metros de altura y su remate de concertinas.
"Se está terminando de hacer a unos 30 o 50 metros de la valla española y va a ser un obstáculo prácticamente insalvable (...) Puede ser que la imaginación de los migrantes logre alguna otra forma de sortear estas dificultades y también puede pasar como el verano pasado, que hubo desalojos e intensificaron la vigilancia y parte de ellos se marcharon incluso hasta Libia. El futuro es imprevisible, pero en estas circunstancias, tanto la nueva ley como la valla de Marruecos van a influir", plantea.
Sobre la nueva ley, se refiere a la reforma de Extranjería que permitirá expulsar sobre la marcha a Marruecos a los interceptados en el salto de las vallas. Velázquez considera que si antes cabía la posibilidad de que estas actuaciones, conocidas como devoluciones en caliente, cesaran "ante la duda" de legalidad, "ahora se deja que las fuerzas españolas tengan claro el respaldo de lo que hacen y lo hagan con contundencia".
El ACNUR tiene una posición distinta sobre este asunto. La responsable de su unidad de Protección, Marta García, opina que la necesidad de desarrollar reglamentariamente o mediante un protocolo la nueva figura jurídica del rechazo en frontera es "una oportunidad para hacer las cosas bien", estableciendo un sistema que permita identificar a las personas que lleguen, sea a la valla o a la frontera, y derivarlas al sistema que corresponda, sea el de asilo o el de Extranjería.