Las quejas ante el Defensor del Pueblo aumentan en un 26% en 2020 por las medidas tomadas por la pandemia del Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las cuatro vicepresidentas en el Consejo de Ministros - POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Fernández-Marugán afirma que esta crisis ha puesto de manifisto que las medidas de austeridad aplicadas en el pasado "fueron poco adecuadas"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha tramitado en 2020 un total de 28.020 quejas, lo que suponen un aumento del 26,4% con respecto a las 20.616 que se registraron un año antes.

La institución ha presentado este jueves 6 de mayo de forma telemática ante el Congreso y el Senado su informe correspondiente al año pasado, en el que relaciona este aumento de reclamaciones con las medidas políticas y sanitarias tomadas durante la pandemia del Covid-19.

En el documento, recogido por Europa Press, se habla de forma concreta de quejas presentadas ante el Defensor contra los decretos del Gobierno de medidas urgentes en materia económica; para la gestión de la situación de la crisis sanitaria; de medidas complementarias en el ámbito laboral (los ERTE); para reducir la movilidad de la población durante la pandemia; para la implementación del Ingreso Mínimo Vital; o sobre la educación no secundaria, entre otras.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha registrado también un gran aumento de las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y amparo que, en 2020 alcanzaron las 909, frente a las 135 que se registraron un año antes.

Según ha explicado, estos recursos de inconstitucionalidad fueron estudiados y, posteriormente, desestimados por entender el Defensor que no se daban los elementos que determinasen la violación de derechos fundamentales que requiriesen la formulación ante el Tribunal Constitucional de las impugnaciones demandadas.

MÁS DE 400 ACTUACIONES DE OFICIO

Por su parte, la Institución ha llevado a cabo 406 actuaciones de oficio (el año anterior realizó 372) y, de ellas, 117 se pusieron en marcha dentro de la labor que realiza el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), recoge en informe.

Una de estas investigaciones se realizó en relación a la puesta en marcha del estado de alarma en España, que entró en vigor en el mes de marzo del año pasado. Según ha explicado Fernández Marugán, esta decisión se tomó ante "la multitud de escritos de ciudadanos" que recibieron sobre esta materia y "bajo la intensa alteración de la vida cotidiana que supuso el confinamiento domiciliario" para los españoles.

Toda esta actividad, según explica el documento, ha culminado en 616 recomendaciones del Defensor del Pueblo y 1.181 sugerencias sobre los diversos temas que se han presentado durante el año pasado.

Fernández Marugán ha indicado que, posiblemente, el de 2020 sea el informe anual "con más singularidades de todos los presentados en los últimos años", ya que se trata de un año que ha estado totalmente marcado por la aparición de "un fenómeno sin parangón en el presente siglo", como es la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Esta situación de pandemia, ha indicado, ha influido en la forma de trabajar del propio organismo que, además, decidió adelantar parte de la información que este jueves se presenta, ante el Congreso y el Senado, por la peculiaridad de la situación.

Fernández Marugán ha señalado que las principales actuaciones de su departamento se han producido en materia de asistencia sanitaria, medidas socioeconómicas, residencias de mayores y diversos aspectos de la educación, todos ellos sectores muy afectados por el Covid-19.

"Es muy evidente que la pandemia ha sometido al Sistema Nacional de Salud a toda una serie de tensiones, hasta ahora inéditas, dejándole poco margen de reacción y mostrando apreciables debilidades", recoge el informe, antes de llamar a las administraciones competentes a "fortalecer el sistema público de salud, y dentro de él la atención primaria y la estructura hospitalaria".

Del mismo modo, llama a crear una agencia estatal de salud pública con capacidades suficientes de decisión y gestión. "Algunas de estas actuaciones, ya fueron señaladas por esta institución en informes anteriores", apunta Fernández Marugán.

También había llamado anteriormente, señala, en la necesidad de la clarificación del carácter vinculante y normativo que deberían tener los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para evitar, ha indicado, la imagen de "algunas comunidades autónomas manifestando reiteradamente su desvinculación respecto acuerdos adoptados por la mayoría de ellas".

LAS RESIDENCIAS DE MAYORES: UN "ESPECTÁCULO"

En cuanto a la situación vivida por las residencias de mayores durante esta crisis sanitaria, que el Defensor califica de "espectáculo", el informe denuncia el "escaso interés" que ha existido "por la dignidad de las personas que en ellas están internadas. Esto es consecuencia, ha indicado, de "un inadecuado modelo de atención a los mayores" que llama a reformar.

"El fracaso no está solamente en las insuficiencias que se puedan atribuir a los propietarios, empresarios privados o concesionarios de los servicios, sino también en la deriva que desde el establecimiento del actual sistema han incurrido las administraciones competentes, permitiendo un fenómeno generalizado de privatización, agravado por su escasa actividad inspectora sobre las autorizaciones de los centros y las normativas que son de aplicación a sus actividades, personal, instalaciones y servicios", indica.

En materia educativa, Fernández Marugán ha señalado que la pandemia ha dado visibilidad a la situación de "muchas familias" que no tienen "recursos suficientes" para que sus hijos puedan acceder en igualdad de condiciones a la Educación; y ha mostrado la "necesidad de incrementar las ayudas de comedor" y las medidas de "conciliación de la vida familiar y laboral".

El informe del Defensor indica que esta pandemia ha puesto de manifiesto "la necesidad de valorar el protagonismo del
Estado y de los servicios y prestaciones públicas".

"Las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la protección de trabajadores y autónomos y a paliar el crecimiento de la pobreza, el paro, la precariedad y la desigualdad han buscado suavizar el impacto económico del coronavirus, a la vez que las políticas de bienestar se han enfrentado a la pandemia", asegura.

En este sentido, destaca que con este "esfuerzo de protección de rentas" se ha mostrado una "notable capacidad" de llevar a cabo la recuperación de múltiples sectores y se ha comprobado que "las medidas de austeridad como las aplicadas anteriormente en la Unión Europea, fueron poco adecuadas".