MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ONG de infancia Save The Children ha denunciado que los derechos de las familias de la Cañada Real Galiana, en Madrid, han vuelto a ser "ignorados" pues este jueves venció el plazo dado por el Comité Europeo de Derechos Sociales a España para dar una respuesta a la reclamación colectiva en la que se denunciaba el incumplimiento de la Carta Social Europea, ya que unos 4.000 vecinos, 1.800 de ellos niños y niñas, viven sin luz desde hace más de dos años.
"A fecha de hoy no tenemos constancia de respuesta oficial por parte del Gobierno, lo que perpetúa la situación de riesgo de los 1.800 niños y niñas afectados, a las puertas de un nuevo invierno, el tercero, en el que las bajas temperaturas son un peligro para la salud física y mental, rendimiento escolar y bienestar de la infancia", ha advertido la organización.
La reclamación colectiva fue presentada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y varias ONG internacionales presentes en la Plataforma Cívica 'Luz Ya para la Cañada Real', en marzo de 2022. Esta reclamación denunciaba la vulneración de derechos a causa de los cortes de electricidad en este enclave de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran el derecho a la salud, la protección contra la pobreza y la exclusión social o el derecho a la vivienda.
El 19 de octubre de 2022, el Comité resolvió admitir a trámite esta reclamación colectiva e indicó medidas cautelares, avisando que la falta de electricidad pone a las personas residentes en varios sectores de la Cañada Real en "riesgo de daño grave e irreparable para sus vidas", sobre todo, en vista de la llegada del invierno.
El Comité rechaza las razones alegadas por el Estado en contra de las medidas cautelares (la existencia de resoluciones judiciales al respecto, las medidas tomadas hasta ahora, los planes de realojo) y declara, unánimemente, la necesidad de adoptar dos medidas fundamentales: garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a electricidad y calefacción, y ofrecer alojamiento alternativo cuando no sea posible garantizar el acceso a la electricidad y la calefacción.
España ratificó la Carta Social Europea en 1980 aunque no fue hasta 2021 cuando ratificó la versión revisada de la Carta y el procedimiento de reclamaciones colectivas. En este sentido, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ha indicado que "cuando España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas del Comité en el año 2021, lo aceptaba con todas las obligaciones que ello implica"".
"La exigencia de Europa se ha de aceptar con todas sus consecuencias y todas sus fases; es inaceptable que no esté siendo así, y que no se estén cumpliendo las medidas cautelares exigidas por el Comité", ha añadido.
Según ha explicado Perazzo, las medidas cautelares reclamadas hasta que se dicta sentencia buscan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que habitan en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real y que viven, desde octubre del año 2020, sin electricidad.
"Si se causa un daño irreparable a las personas afectadas, el procedimiento perderá gran parte de su sentido dado que solamente podrá declarar la violación y ordenar una reparación, pero no podrá evitar daños mayores a los ya sufridos. La situación de especial vulnerabilidad que sufre la infancia afectada por este corte de electricidad, así como el irreversible efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre los derechos de los niños y las niñas, hace especialmente necesario el cumplimiento de estas medidas cautelares", ha avisado Perazzo.
PROPORCIONAR PLACAS SOLARES
Para cumplir con estas medidas, según indica, no es necesario entrar en las cuestiones legales que afectan a la compañía suministradora ni a las relaciones contractuales con ella, sino una "voluntad política" que puede traducirse en "proporcionar a las familias afectadas fuentes de energía como generadores o placas solares". Con esta medida, según Save The Children, ya se estaría dando respuesta a la solicitud del Comité.
"España no puede sentar un primer precedente de incumplimiento de medidas cautelares, que pondría en entredicho su compromiso con este sistema internacional de garantía de derechos. España se debe comprometer con el Comité Europeo de Derechos Sociales y no debilitarlo ignorando sus pronunciamientos. Especialmente, cuando cumplir con estas obligaciones sólo requiere una voluntad política", ha insistido Perazzo.
Unos 4.000 vecinos de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, 1.800 de ellos niños y niñas, han pasado ya dos inviernos sin suministro eléctrico, el primero de ellos con el especial daño causado por el temporal Filomena, y afrontan su tercero sin vistas a que la situación cambie.
Save The Children denuncia que niños como Redavi siguen sufriendo situaciones que "nadie, y menos a esa edad, deberían afrontar". "Cuando estamos durmiendo, algunas veces nos entra un frío tremendo, que nada puede impedirnos, ni las mantas", cuenta el menor.