212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

   MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El acuerdo del Congreso ratificado este viernes 28 de julio por la Comisión de Igualdad por todos los grupos menos Podemos recoge 212 medidas en diez ejes de actuación, con presupuesto de 1.000 millones de euros para 5 años. Además, se han quedado fuera del pacto 63 votos particulares presentados por PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromis, de los que finalmente se han incorporado una docena, pero como voto particular.

   Entre las medidas más novedosas está la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a las mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género a su identificación, con independencia de la interposición de la denuncia, a fin de facilitarles asistencia y protección. Así, las mujeres maltratadas que no hayan presentado denuncia podrán ser consideradas víctimas y recibir protección. Además, plantea que la Policía Local también proteja a las víctimas.

   Por otro lado, en el ámbito sanitario, sugiere formar a los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género en las necesidades específicas de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de violencia de género e incluir en los protocolos sobre violencia de género, un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.

   Además, el documento contiene medidas en el ámbito audiovisual, como la que propone suscribir convenios con asociaciones de guionistas para fomentar el tratamiento de la imagen de la mujer "libre de estereotipos y prejuicios" y evitar el "erotismo prematuro".

TRATA, MUTILACIONES GENITALES Y VIOLENCIA SEXUAL

   El informe también contempla la ampliación de la definición del concepto 'violencia de género' a "todos los tipos de violencia contra la mujer" contenidos en el Convenio de Estambul --matrimonios forzosos, mutilaciones genitales femeninas, trata o violencia sexual--, aunque relega la respuesta penal a leyes específicas.

   En concreto, el documento incluye un epígrafe específico sobre la "visualización y atención a otras formas de violencia contra la mujer", como la de carácter sexual. Así, se creará una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual y se impulsarán medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, con campañas, materiales informativos y protocolos de actuación, teniendo en cuenta las diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia o situación de discapacidad), especialmente en el ámbito educativo desde Educación Infantil.

   Otro de los puntos del pacto aboga por la inclusión de indicadores en la Macroencuesta de la Delegación de Gobierno para la violencia de género sobre todos los tipos de violencia sexual, con especial atención al llamado "acoso callejero".

   La subcomisión del Congreso también insta a aprobar una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse.

DESINCENTIVAR LA DEMANDA DE PROSTITUCIÓN

   Para "desincentivar la demanda de prostitución", indica que se harán campañas de concienciación, y talleres dirigidos a los jóvenes" y que las administraciones habrán de difundir información sobre violencias machistas entre las mujeres que ejercen la prostitución y se establecerá un sistema de análisis estadístico que las recoja.

   El pacto recoge, asimismo, la puesta en marcha de instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado y eliminar las trabas para que puedan acogerse al derecho de asilo.

   Además, el Pacto establece adoptar las medidas que permitan que la custodia compartida "en ningún caso se imponga en casos de violencia de género" y no pueda adoptarse, "ni siquiera provisionalmente", si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección.

   También se establece el carácter "imperativo" de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera "presenciado, sufrido o convivido" con manifestaciones de violencia.

   Igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría.

CAMPAÑAS CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES EN CITA

   En el ámbito educativo, el informe establece incluir "en todas las etapas educativas" la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas y garantizar dicha inclusión a través de la Inspección Educativa; designar en los Consejos Escolares de los Centros Educativos un profesor encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad; y realizar campañas de prevención en las universidades, prestando una atención particular a las "agresiones sexuales en cita" y solicitando el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para los programas de formación y prevención.

   También contempla que para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio, pueda ser excepcionada la exigencia de cumplimiento de umbral académico cuando se acredite que la persona ha sufrido una situación de violencia de género. En cuanto a los profesores, introducir en el título de grado de Educación Infantil o Primaria de las Facultades de Educación, tanto en la enseñanza pública como en la privada, una materia específica sobre prevención de la violencia de género en el medio escolar.

   Asimismo, recomienda eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos sobre la renta las ayudas y prestaciones que se perciban por esta lacra por parte de los hijos menores de edad.

DISCREPANCIAS

   Entre las medidas que no todos apoyan, el PSOE ha propuesto 20 votos, entre ellos, que menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de los padres para abortar. También, que los juzgados de violencia de género tengan competencia para todo aquello que tenga que ver con procedimientos civiles de restitución o retorno de menores en casos con violencia de género.

   Asimismo, plantea modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la dispensa a declarar contra su agresor, para "restringirlo" en los casos de violencia de género; que cotice para estas mujeres la renta activa de inserción; y que se considere violencia económica el impago de alimentos.

   Igualmente, insta a incluir la explotación reproductiva (maternidad subrogada) como una forma de violencia contra las mujeres y vincular "de forma directa" prostitución y trata con fines de explotación sexual. Además, propone crear unidades de violencia de género en todos los puestos de la Guardia Civil. Por otra parte, sugiere cambiar el término 'diversidad funcional' por 'discapacidad'.

   Podemos ha registrado 34 votos para la creación de equipos mixtos en los deportes de equipo federados; garantizar libre elección de las prendas del uniforme escolar; restituir la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular para detectar casos de mutilación genital; garantizar acceso universal a la reproducción asistida y un protocolo para la violencia de género contra mujeres lesbianas, transexuales y transgénero.

   Quiere también que la violencia de género sea considerada como "terrorismo machista" otorgando a las mujeres maltratadas mismos derechos que a víctimas del terrorismo. Al igual que Compromis, que también coincide con Podemos en una Ley de Violencias Machista que incluya toda tipología de violencia machista reconocidas en el Convenio de Estambul --trata, violencia sexual, mutilación genital, matrimonio forzoso, entre otras--.

   Ciudadanos, por su parte, ha presentado un voto particular para garantizar la eficiencia en la aplicación de los recursos y el seguimiento del Pacto.