AI lamenta la "lentitud" del Gobierno para impulsar las medidas contra la violencia sexual de la Ley del solo sí es sí

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha instado al Gobierno a garantizar "la correcta implementación" de la Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley del sólo sí es sí, ante la "lentitud" en la adopción de las medidas previstas. En un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, la ONG ha alertado de que, tras más de dos años de la entrada en vigor de la norma las víctimas están en riesgo de "desprotección".

En este sentido, insta al Ejecutivo a garantizar el establecimiento de los centros de crisis 24 horas como recursos especializados a los que puedan acudir las víctimas de violencia sexual en todas las provincias. En este sentido ha recordado que solo se han abierto 11 de los 52 centros previstos, financiados por los fondos europeos.

Según la organización, aunque comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluídas víctimas de violencia sexual, "esta atención no cumple con los estándares recogidos en la ley o bien porque no abren 24 horas, o porque sólo atienden telefónicamente, o porque carecen de recursos o profesionales especializados".

Para Amnistía Internacional, que algunas comunidades autónomas "no hayan cumplido con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual de una manera integral y especializada, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un problema de voluntad política". "Esto repercute directamente en las mujeres, que vuelven a encontrarse con que serán atendidas de forma diferente dependiendo del lugar donde vivan o donde se produzca la agresión sexual", ha declarado Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.

Asimismo, Amnistia reclama al Ejecutivo las reformas legislativas necesaria para garantizar la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual, así como la especialización de los juzgados y de la fiscalía y ponga en marcha inmediatamente la Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales.

Otra de sus reclamaciones es la evaluación de la estrategia para combatir las violencias machistas y la publicación de sus resultados sus resultados, además de reforzar y continuar promoviendo la formación inicial y continua especializada entre los diferentes operadores del poder judicial.

En opinión de la organización, sigue sin existir un consenso entre el Gobierno central y los autonómicos para garantizar que todas las víctimas de violencia sexual reciben el mismo tipo de atención, información y acceso a ayudas y beneficios.

Y, según ha recordado, no se ha puesto en marcha la mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, en la que participarían tanto el conjunto de las administraciones públicas, como organizaciones de mujeres y de víctimas de violencia sexual, incluyendo a aquellas más vulnerables a la discriminación interseccional, y profesionales de prestigio en coordinación con el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer. El objetivo de esta mesa es contribuir al desarrollo de medidas adecuadas para la identificación, asesoramiento y evaluación de la violencia sexual en España.

Por último, Amnistía Internacional recuerda al Gobierno la importancia de continuar y consolidar la formación inicial y continua de los operadores de justicia que atienden a las víctimas de violencia sexual.

"Lamentamos, la lentitud del Gobierno a la hora de impulsar medidas claves para identificar la violencia sexual y abordarla, así como para acompañar y proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual", ha argumentado la entidad que ha recordado que "más de 2,8 millones de mujeres llevan más de dos años esperando que las medidas recogidas en esta ley se pongan en marcha, y se les garanticen los mismos derechos con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan", manifestó Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.