La duna de Valdevaqueros (Cádiz) pasará probablemente a dominio público y no se podrá construir

Las viviendas con concesiones podrán lograr una prórroga de 75 años, que se sumarían a los 30 de concesión actual, a partir del deslinde

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La duna de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz) pasará previsiblemente a incluirse en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), lo que impedirá cualquier tipo de construcción, en virtud del nuevo Reglamento de la Ley de Costas que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes.

De este modo, el reglamento define conceptos como duna. En base a la nueva definición, una duna sería necesaria para dar estabilidad a la playa al intervenir en el juego de mareas y olas. Con ello, de acuerdo a lo que considera el Ministerio, la duna de Valdevaqueros (en Tarifa, Cádiz) podría quedar incluida en el DPMT.

"Valdevaqueros es una duna enorme y en evolución y tiene interacción con la playa por lo que todo indica que quedará incluida en dominio público", ha defendido el director general de Costas, Pablo Saavedra Saavedra, que ha explicado en un encuentro informativo junto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, las principales novedades del texto, que desarrolla la Ley de Costas.

Según ha explicado el secretario de Estado, este reglamento desarrolla la Ley de 1988 y la reforma de 2013, por lo que deroga el reglamento en vigor, de 1989.

Además, el reglamento, con 228 artículos y 36 disposiciones, contempla 105 años de plazo máximo efectivo para las viviendas con concesión (30 de concesión actual + 75 años más); 80 para industrias (30+50 años) y 60 años para chiringuitos (30+30). En el caso de las "pocas" nuevas concesiones que se prevén tendrán 75 años a contar a partir de la entrada en vigor del reglamento.

En cuanto a la fecha de inicio en que se empezaría a contar la concesión inicial, esta sería el año del deslinde para los que ya tuvieran reconocido este título, mientras que si no se solicitase prórroga, la concesión quedaría extinguida y, por tanto no habría posibilidad de obtener un nuevo título.

En la actualidad queda por deslindar en torno al 5 por ciento de la costa, que se fijará a donde alcancen cinco olas en cinco años consecutivos y se podrá incluir los terrenos cuando haya evidencia científica. Los deslindes actuales, que alcanzan el 95% de la costa "se dan por correctos". Todos los deslindes tendrán que figurar en el registro de la propiedad y en el catastro.

En todo caso, el secretario de Estado ha señalado que la Administración va a iniciar de oficio las tramitaciones.

ARREGLAR EL "ENORME DESORDEN"

El objetivo del Gobierno, según ha manifestado el secretario de Estado, es reglar el "enorme desorden" que afecta a las 40.000 ocupaciones que existen en el DPMT -terrenos del Estado-- de los que, únicamente, están regulados el 10 por ciento.

Así, ha precisado que de éstas, hay aproximadamente 24.000 viviendas con derecho a concesiones compensatorias de esa suerte de expropiación, al pasar a ser el terreno del Estado. Entre otras cifras del "desorden", ha subrayado que se habían iniciado 900 expedientes de concesión, de los que desde 1988 hasta la actualidad se han resuelto 600. "Esto significa que 23.100 expedientes ni se han iniciado y genera inseguridad a quienes tenían una vivienda o una empresa", ha indicado.

El RD afectaría a 100 hoteles en el DPMT y otros 900 en las zonas de servidumbre, a 3.000 chiringuitos en DPMT y a 1.700 empresas y a otras 140.000 viviendas en las zonas contiguas al dominio público.

Con el nuevo reglamento, las instalaciones tendrán que pagar al Estado un canon anual que representa el 8 por ciento del valor catastral. Hasta ahora, el Estado percibe unos 20 millones de euros del 10 por ciento (4.000 concesiones) que tienen concesión reconocida en la actualidad, por lo que espera "multiplicar" recaudación.

"No se podrá construir nada nuevo ni aumentar la altura o el volumen de las instalaciones, pero los concesionarios podrán transmitir estas concesiones. Además podrán hacer obras y si se trata de mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua se autorizarán con un mecanismo más ágil a través de una declaración responsable. La ley de costas no tiene que petrificar la línea de playa", ha manifestado el secretario de Estado.

Ramos ha defendido que el objetivo del reglamento es la mejora de la protección ambiental, mejorar la seguridad jurídica de los usuarios y regular la actividad económica sostenible en la costa.

CLAÚSULA ANTIALGARROBICO

Por ello, ha precisado que el RD incluye una cláusula para evitar situaciones como la del hotel El Algarrobico, evitando que se construya cuando haya alguna duda porque "la experiencia indica que es mejor discutir antes de construir porque luego la situación se empantana y judicializa". A su juicio, esto será un "instrumento preventivo y novedoso a la luz de la experiencia".

Igualmente, la norma define que las playas naturales --las no contiguas a suelos urbanos-- deberán sufrir la menor transformación posible, por lo que en ellas se podrán instalar chiringuitos o quioscos que no excedan de 20 metros cuadrados (m2) y otros 50 m2 de terraza que, en ningún caso podrán exceder del 10 por ciento de la playa y con una distancia mínima de 300 metros.

Las playas urbanas, por su parte, admitirán un "uso más intenso" y en ellas se podrán celebrar eventos de interés general que cuenten con el respaldo del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma como requisito previo a su autorización. En estas playas se podrán obtener títulos concesionales por ejemplo para chiringuitos que no superarán en ningún caso los 300m2 (150 m2 cerrados + 50m2 cerrables + 70 m2 de terraza + 30m2 de baños públicos). En todo caso, la superficie 'ocupada' por chiringuitos, tumbonas, patinetas, kitesurf, entre otras no podrá exceder del 50% de la superficie total.

En cuanto a la introducción del cambio climático, Ramos ha destacado que con la nueva norma se podrá declarar una zona costera en regresión, restringir su uso y tomar medidas y en estas zonas se aplicarán medidas de adaptación, un concepto para el que los Presupuestos Generales del Estado de 2015 contemplan una línea de 12 millones de euros.

También, en el ámbito de la seguridad jurídica en los terrenos inundados se distinguirá si se ha producido de forma natural o artificial para actividades salineras o acuícolas, en aras de otorgar la posible concesión. "No vale aprovecharse del juego de la marea", ha advertido.

Finalmente, en aras de fomentar la actividad económica sostenible en el litoral, las autorizaciones de instalaciones desmontables pasarán de uno a cuatro años y se regulan los usos y actividades en puertos deportivos, al tiempo que se protegen los bienes de interés cultural del litoral de las 23 provincias costeras de España.