ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández, confió este martes en rebasar durante el próximo mes de enero de 2009 la cifra de 10.000 ciudadanos residentes en la Comunidad Autónoma y dependientes atendidos por el nuevo sistema de protección social puesto en marcha por el Gobierno central.
Durante su doble comparecencia ante la Comisión de Servicios Sociales de las Cortes autónomas para informar sobre la aplicación en Aragón de la Ley de Atención a la Dependencia, Ana Fernández indicó que, en 2008, se han aplicado a Aragón y al resto de comunidades autónomas criterios como la dispersión poblacional y la superficie territorial para el reparto de 241 millones de euros del Gobierno central para este nuevo servicio público.
De esta forma, Aragón recibió más de nueve millones de euros. "Algunos criterios de reparto nos han beneficiado", sentenció la consejera, quien expresó que la evaluación de casos debe ser continua porque el número de dependientes es mayor al esperado.
Ana Fernández celebró el hecho de que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 incluye 100 millones más de los previstos y celebró la dotación del sistema de atención a la dependencia con 400 millones extra del Gobierno central en virtud del fondo especial del Estado para el estímulo de la economía y el empleo.
La titular de Servicios Sociales reiteró que ya hay más de 9.000 aragoneses beneficiarios del sistema de atención a la dependencia y señaló que en Aragón se dan prestaciones superiores a las del conjunto de España. Más de la mitad de los beneficiarios actuales del sistema reciben una compensación económica que se entrega a las cuidadoras.
El perfil de beneficiario del sistema es el de mujer de 86 años y dependiente en el nivel dos del grado tres de la baremación, una gran dependiente. Más de las tres cuartas partes de los cuidadores son mujeres, frecuentemente las hijas de las personas dependientes.
LA CRISIS HACE "MELLA"
La diputada del PP Rosa Plantagenet criticó la adopción de cualquier medida de co-pago en este nuevo servicio público y lo consideró equivalente a la Sanidad o la Educación pública. Plantagenet avisó de que la crisis global "está haciendo mella" en esta nueva prestación.
La también dirigente de la formación conservadora señaló que la financiación sigue siendo "exigua" y lamentó que la consejera haya protagonizado "negociaciones a la baja" con el Gobierno de España.
El portavoz de CHA, Chesús Bernal, recordó que Chunta apoya la ley que creó el servicio y criticó que el Departamento haya negado las dificultades surgidas en la puesta en marcha de la prestación.
El diputado autonómico de IU, Adolfo Barrena, preguntó cómo va a ponerse en marcha la ley y consideró que este nuevo servicio "es una de las deudas del sistema democrático español". Barrena pidió garantías de la suficiencia presupuestaria del servicio.
La socialista María Ángeles Ortiz aclaró que, si hay co-pago, algunos usuarios pagarán "el 80 por ciento y otros el cero por ciento" de las prestaciones y afirmó que los socialistas "jamás hemos sacado pecho con esta ley". La regionalista María Herrero aplaudió la gestión de la consejera al frente del Departamento.
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