Batalla legal del CERMI por la accesibilidad: Primero, el Gobierno y después, CC.AA, ayuntamientos y empresas

   MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado este lunes 4 de diciembre ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España por inacción al no haber aprobado, tras superar todos los plazos legales, el Reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.

   Se trata del primer paso de una batalla legal que emprenderá en las próximas semanas y meses contra comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas por incumplir el mandato de accesibilidad en España, según han señalado a Europa Press en fuentes de la organización.

   "La demanda del CERMI se enmarca en la litigación estratégica que desde la plataforma de la discapacidad se efectuará en las próximas semanas y meses contra los titulares de entornos, bienes y servicios, públicos y privados, que no cumplan con los requisitos legales de accesibilidad", añaden

   Así, coincidiendo con el 4 de diciembre de 2017, límite legal para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles, el CERMI ha planteado este recurso ante el Supremo para que el Alto Tribunal condene al Estado a cumplir la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de 2013, que ordenaba al Ejecutivo aprobar este desarrollo reglamentario en el plazo de 2 años, que expiró en diciembre de 2015.

   "Dada la inactividad del Gobierno, que ha ignorado este mandato legal, pese a las insistentes peticiones del movimiento social de la discapacidad, el CERMI presenta este recurso a fin de que la Justicia, si estima la demanda, obligue al Ejecutivo a cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollos reglamentarios", añade.

   A su juicio, la no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad.