MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El BNG ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que se inicie un proceso de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales y humanitarias dedicadas a la atención al colectivo inmigrante para consensuar el reglamento que regule el acceso a los centros de internamiento inmigrante.
De este modo, el BNG quiere que se facilite el acceso a los centros de internamiento de inmigrantes de todas las organizaciones y asociaciones que asiduamente dedican su actividad a la atención de los inmigrantes, una cuestión que, a su juicio, debe contemplarse en el reglamento a desarrollar como expresión de un ejercicio de transparencia.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido registrada por la diputada nacionalista gallega, Olaia Fernández Dávila, quien ha alertado de la preocupación de diferentes organizaciones humanitarias por las condiciones de los centros de internamiento de inmigrantes debido al alto riesgo para la salud física y mental de las personas internadas.
Así, echa en falta un reglamento que regule el acceso a estos centros de las organizaciones sociales a fin de poder realizar su trabajo de atención y asesoramiento a las personas allí retenidas, y poder acceder a la información sobre las condiciones de habitabilidad.
En este sentido, hace referencia a la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería de 11 de diciembre de 2009 establecía un plazo de seis meses a partir de su puesta en vigor, para la elaboración de este reglamento que continua sin aprobarse a pesar del tiempo transcurrido, y de los diferentes anuncios del Ministerio del Interior señalando que estaba en elaboración.
OSCURANTISMO EN EL TEMA
"Esta alarmante situación ha llevado a diferentes organizaciones, entidades y ciudadanos a firmar un manifiesto en el que se solicita al Gobierno, no solamente la aprobación de dicho reglamento, si no que se denuncia el oscurantismo con que se esta llevando este tema, reclamando información y la necesidad de conocer el borrador que según parece ya está listo", agrega.
En este sentido, ha mostrado la especial preocupación de este colectivo porque el Gobierno no abra una mesa de diálogo con dichas organizaciones sociales y humanitarias a fin de consensuar un reglamento que tenga en cuenta los problemas existentes y las medidas a adoptar.