MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha recordado en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, que no basta con la Ley de Violencia de Género para luchar contra esta lacra social y con ello ha querido destacar que la justicia penal actual afronta el reto de incorporar la perspectiva de las víctimas para tutelar sus derechos desde el primer momento en el que se tiene en cuenta el delito.
En respuesta a una pregunta de la diputada socialista, Concepción Sanz Carrillo, Caamaño ha resaltado que luchar contra la violencia de género es una prioridad de este Ejecutivo, quien ha perfeccionado muchísimos instrumentos en materia de prevención.
Por eso, ha querido recordar la presentación el pasado 6 de julio, junto con el delegado del Gobierno en materia de Violencia de Género, Miguel Lorente, de un nuevo protocolo para los forenses que permite una evaluación más eficaz del riesgo que tienen las víctimas.
UN NUEVO PROTOCOLO
En concreto, esta propuesta de protocolo consiste en la realización de una serie de informes complementarios que analicen la situación personal y la salud mental del agresor a la hora de evaluar el riesgo al que está sometido su víctima de violencia de género.
Este procedimiento, que entrará en vigor a finales de julio, va destinado a los médicos forenses de las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal, y aspira a que, tras una petición judicial, se estime el nivel de riesgo al que está sometido la víctima en un plazo máximo de 72 horas, para que el juez pueda adoptar las medidas cautelares convenientes teniendo el máximo posible de información en su poder.
El protocolo, que aún es un borrador, parte de que "ningún informe médico forense de valoración de riesgo de violencia de género puede emitirse sin la exploración del agresor" e insta a que el médico responsable de la Unidad Forense de Valoración Integral que evalúa a la víctima, tenga acceso a la documentación relativa a todo el procedimiento abierto contra él.
En concreto, contempla que para la realización de estos informes se habrán de tener en cuenta, además de la declaración de la víctima y los testigos, los antecedentes penales o policiales del sujeto y documentación psiquiátrica que acredite "la existencia de patología del agresor, orgánica y psiquiátrica, con especial referencia al consumo de alcohol y drogas".