Catalá justifica la necesidad de dar garantías legales a la actuación de los agentes en la frontera de Ceuta y Melilla

Cree que el Gobierno debe proponer reformas si existen "algunas dudas legislativas" o "zonas de confusión"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este miércoles la necesidad de dar "seguridad y garantías" a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera de Ceuta y Melilla y dotar a los agentes "de las herramientas suficientes" para poder desarrollar su labor.

Catalá ha defendido así la enmienda presentada por el PP en el Congreso a la Ley de Seguridad Ciudadana mediante la que pretende reformar la Ley de Extranjería y recoger en su articulado el rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla.

El ministro ha defendido que el Gobierno y los partidos políticos deben promover reformas legislativas "que den soluciones a los problemas actuales", y en este marco ha situado la entrada ilegal de extranjeros a través de las fronteras de España con Marruecos en Ceuta y Melila.

Catalá ha sostenido la necesidad de actuar si se está "identificando que hay alguna zona de confusión o falta de identificación de cuáles son las reglas que garantizan el correcto funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Y así, ha recordado que los agentes de la Policía y la Guardia Civil tienen encomendada la vigilancia de las fronteras y, por lo tanto, la obligación del Gobierno es "dotarles de las herramientas suficientes" si se detectan "zonas en las cuales puede haber debate jurídico" o incluso "alguna inseguridad" para las fuerzas de seguridad.

MARCO NORMATIVO CLARO

Según ha subrayado, la entrada ilegal de inmigrantes es un delito, y por tanto es necesario dotarse de "un marco normativo claro" que "identifique cuáles son las actuaciones" que se pueden desarrollar para impedirlo.

"Si tenemos alguna zona de dudas legislativa, tenemos que proponer alguna reforma", ha insistido asegurando que se buscará aunar el consenso de operadores jurídicos y partidos políticos porque cree que se trata de una medida que "fortalezca nuestro Estado de Derecho".