Catedráticas de Derecho Penal, satisfechas de que se garantice la paridad en la comisión que revisará delitos sexuales

   MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   Las catedráticas que pidieron la dimisión de los miembros de la sección de derecho penal de la Comisión General de Codificación --inicialmente compuesta exclusivamente por 20 hombres--, se han mostrado "satisfechas" y "contentas" de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, vaya a garantizar la paridad en la composición del órgano.

    El ministro ha hecho "suya" la propuesta que le ha formulado la comisión a la que le ha encomendado el estudio de los delitos sexuales tras la sentencia de 'La Manada'. Tras reunirse este jueves, los miembros han reclamado a Justicia una reestructuración en la composición para que exista equilibrio de hombres y mujeres y, para ello, deberán incorporarse mujeres como vocales de manera permanente.

   "Ahora se va a oír la voz de las mujeres", ha afirmado en declaraciones a Europa Press María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y una de las 25 firmantes de la carta que pedía al presidente de la comisión y a sus vocales la dimisión para que se reconstruyera en términos de paridad de género y calidad académica.

   "Ha sido una pequeña batalla con la que hemos hecho remover conciencias e impulsado el respeto a la legalidad", ha aseverado en nombre del grupo de juristas firmantes, recordando que la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del año 2007 "obliga" a una representación mínima y máxima del 40-60% de hombres y mujeres en las instituciones.

   Aunque por el momento no se han concretado las incorporaciones, Acales ha dicho que se sentirá "representada" siempre que el órgano sea paritario y, de este modo, se pueda escuchar "la voz de las mujeres analistas" que, a su juicio, "antes estaban invisibilizadas".

   "La comisión va a echar a andar y lo importante es que se nos escuche", ha incidido a Europa Press, insistiendo en que "ya están más tranquilas" sabiendo que habrá más mujeres. La polémica que se ha generado en torno a la composición del órgano entre las propias mujeres juristas se plasmó en un manifiesto en el que varias expertas denunciaban la "exclusión" de las mujeres.

    Esta comisión, a la que el ministro de Justicia encomendó el estudio de los delitos sexuales tras la sentencia de La Manada, inicialmente estaba formado por 20 hombres, pero dos de ellos tras las críticas generadas esa mayoría de varones. Fue entonces cuando el ministro propuso la incorporación de cinco mujeres a esta comisión, aunque una declinó la invitación por tratarse de una presencia temporal, y no permanente.