CC.OO. afirma que el recorte en dependencia rompe el modelo de financiación y exime a las CCAA de cofinanciar

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras afirma que el recorte de 283 millones aplicado por el Gobierno sobre el nivel acordado del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, supone romper el modelo de financiación actual, por el que el Estado aporta una cantidad y las comunidades autónomas el resto, e implica que "la renuncia" del gobierno a exigir que las autonomías pongan su parte.

Este recorte, el mayor aplicado por los Presupuestos Generales del Estado sobre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, supone a juicio del sindicato "el incumplimiento del gobierno central de un compromiso de financiación que le corresponde por ley, ya que desaparece completamente el nivel acordado de financiación".

Además, implica la "renuncia del gobierno a hacer transparentes los compromisos anuales de financiación de las administraciones, que durante estos años se han conocido a través de la publicación oficial de dichos convenios realizados entre la Administración General y las CC.AA.", según explica Comisiones Obreras.

"Supone la renuncia del gobierno a utilizar los Convenios como instrumento que permite orientar y comprometer el gasto en las CC.AA., para garantizar la suficiencia de prestaciones y el ejercicio efectivo del derecho subjetivo de atención a las personas en situación de dependencia", indica.

Por eso, a su juicio significará la "desaparición del incentivo que actualmente tienen las CC.AA. para incrementar el número de beneficiarios de las prestaciones de dependencia", ya que este fondo se distribuía únicamente teniendo en cuenta el número de personas efectivamente atendidas. Por eso, el sindicato considera probable que se incremente el 'limbo' de la dependencia, es decir, el número de personas que con derecho reconocido a prestación, no la reciben.

"Hace escasamente dos meses, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ofrecía un Pacto por los servicios sociales y desde entonces, su gobierno modifica unilateralmente e incumple una ley que fue consensuada social y políticamente, que además, ha permitido ampliar la cobertura de protección a cientos de miles de personas en situación de dependencia y que ha creado 195.000 nuevos empleos en tres años", ha denunciado la secretaria confederal de Política Social de CC.OO., Rosana Costa.