CCOO pide que la reforma de la Ley de Dependencia sea "objeto de acuerdo social y político previo"

   MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   CCOO ha pedido que la reforma de la Ley de Dependencia sea "objeto de acuerdo social y político previo" para garantizar el "mayor grado de legitimación social".

   "La reforma debería partir de una evaluación compartida de la situación en la que se encuentra el proceso de implantación del Sistema de Dependencia y venir precedida de un proceso de diálogo social y acuerdo social previo, de modo que se garantice con ello el mayor grado de legitimación social y política que precisa cualquier reforma legislativa para ser aprobada en el Parlamento", han indicado desde CCOO, tras conocerse el borrador del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press.

   Entre los elementos positivos, CCOO destaca "el establecimiento de un marco de coordinación sociosanitaria, la concreción de la figura de asistente personal como servicio profesional y el reforzamiento del modelo de atención centrado en la persona".

   También ha puesto de relieve "la mejora que supone el establecimiento de procedimientos de emergencia para acceder a las prestaciones", si bien CCOO recuerda que "el problema de la lista de espera y los tiempos de gestión excesivamente largos que actualmente se sufren (329 días en media) exigen de medidas mucho más ambiciosas".

   Si bien, CCOO considera "preocupante" la inclusión de otros elementos como "la creación de lo que se presenta como nuevos servicios a medio camino entre ayuda a domicilio y asistencia personal".

   Para el sindicato, antes de poner en marcha otras prestaciones convendría "terminar de garantizar la suficiencia de las ya existentes y garantizar en cualquier caso el nivel de atención profesional y calidad del empleo en aquellos servicios que se creen a partir de ahora".

   Además, CCOO pide que el anteproyecto incorpore una reforma del copago de las prestaciones que deben asumir las personas beneficiarias. Según precisa, el incremento del copago (hasta un máximo del 90% del coste de los servicios) "es el único recorte impuesto en 2012 que continúa en vigor".

   Según el borrador del Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere que los trabajadores de residencias de mayores en situación de dependencia o de personas con discapacidad estén obligados a acreditar que no tienen antecedentes por delitos sexuales; un requisito que ya se pide actualmente para trabajar con menores, tal y como establece la Ley de protección a la infancia frente a la violencia.

   El borrador del texto detalla que "quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales".

   El texto, que tiene 36 páginas y está fechado el 5 de noviembre, incluye que las comunidades autónomas deberán establecer "sistemas de alerta y respuesta rápida ante posibles casos de mala praxis, falta de buen trato, discriminación o limitación de derechos" y que los resultados de las inspecciones deberán ser publicados.

   También modifica la ley anterior en lo referido a la obligación de las Comunidades Autónomas de establecer procedimientos de coordinación sociosanitaria, para precisar que estos mecanismos deben "garantizar una atención integral que dé respuesta a aquellas situaciones de las personas en situación de dependencia que requieran una atención complementaria y sinérgica de los servicios sanitario y social" y garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas en situación de dependencia "en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía sea cual sea su lugar de residencia".

   Por otro lado, según figura en el texto, la violencia de género, el aislamiento social o circunstancias habitacionales, de accesibilidad o de salud, serán considerados factores para tramitar por vía de urgencia el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

INCLUYE LA ASISTENCIA PERSONAL EN EL CATÁLOGO DE SERVICIOS

   Asimismo, de acuerdo con el borrador del anteproyecto, la asistencia personal dejará de ser una prestación económica vinculada a servicio y pasará a estar recogida en el Catálogo de servicios de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. Igualmente, se incluye la teleasistencia para "todas las personas en situación de dependencia".

   También se añaden al catálogo el 'Servicio de cuidados y apoyos en viviendas' y el 'Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal', que se suman al servicio de ayuda a domicilio, centros de día o residencia, entre otros.

   Todo ello está en línea con los principios en los que Derechos Sociales quiere que se inspire esta ley como "el respeto a la libertad de elección, la voluntad, preferencias y autodeterminación de las personas en situación de dependencia" y la "personalización de los cuidados".

   En cuanto al servicio de cuidados y apoyos en viviendas, en el texto aparecen recogidas dos modalidades. Una de ellas es en una vivienda en la que conviven un número reducido de personas en situación de dependencia, ubicada en un entorno comunitario de viviendas ordinarias, con un modelo de convivencia participativo y consensuado entre las personas que conviven y con los servicios de alojamiento y manutención incluidos.

   La otra modalidad consiste en viviendas dignas y adecuadas que formen parte de un equipamiento de carácter colectivo, ubicado en un entorno comunitario, y con servicios de cuidados comunes a todas las viviendas. El servicio de alojamiento no se incluirá en esta modalidad de prestación y en cada vivienda podrán convivir con la persona en situación de dependencia, personas allegadas o cuidadoras a propuesta de esta, según el texto.

RESPETO A LAS PREFERENCIAS DE LA PERSONA BENEFICIARIA

   Además, según el borrador, las residencias deberán convertirse en un entorno de "confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con plena participación en la comunidad" con la prestación de los apoyos necesarios "para el desarrollo de un proyecto de vida independiente y con significado, poniendo en el centro de la atención sus preferencias, derechos e intimidad".

   Por otro lado, se suprime el artículo referido a la incompatibilidad de las prestaciones y se añade uno nuevo en el que se recoge el servicio de productos de apoyo --dispositivos, programas informáticos o equipamientos-- mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal.

   Igualmente, se modifica el artículo que hace referencia al Programa Individual de Atención (PIA) para incidir en que se deberá establecer "de acuerdo con la persona en situación de dependencia" mediante "un trámite de consulta previa".

   En cuanto a la determinación de la capacidad económica, se añade un nuevo artículo en el que se establece que en la consideración del patrimonio se tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio que se presta y no se tendrá en cuenta la vivienda habitual.

   Asimismo, sobre los criterios para la determinación de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, contempla, por ejemplo, en el caso de las residencias, garantizar "una cantidad mínima para gastos personales".

   Por otra parte, el anteproyecto recoge el derecho de las personas en situación de dependencia "a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean estas físicas, mecánicas o farmacológicas, y de restricciones", solo permitiéndose "en casos excepcionales, cuando concurra peligro inminente para la vida" y con un procedimiento documentado.

   Asimismo, se reconoce el derecho de las personas cuidadoras no profesionales a recibir apoyos, asesoramiento y formación; a recibir información, en términos comprensibles y accesibles, sobre las prestaciones disponibles y a que se les facilite la conciliación la vida personal, familiar y laboral.