CC.OO. reclama que la reforma de la Ley de Dependencia dé "prioridad" a financiar servicios profesionales de "calidad"

   MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

   CC.OO. ha advertido del riesgo de infra-protección y de exclusión asociado a las prestaciones económicas de cuidado familiar y las vinculadas a un servicio, que están creciendo de forma sostenida, al tiempo que ha reclamado que en la anunciada reforma de la ley se dé prioridad a la calidad de la atención de las personas beneficiarias, garantizando la financiación pública de los servicios profesionales "de alta calidad".

   La central sindical pide que se refuerce de este modo la red de servicios profesionales que considera que "debería ser la prioridad de la reforma de la Ley de Dependencia garantizando una financiación pública "suficiente de los mismos".

   Según el sindicato, el 41% de las personas dependientes están atendidas por familiares, pese a que se trata de una prestación "excepcional". Estas prestaciones protegen a 618.000 personas beneficiarias que son cuidadas en el 72% de los casos por mujeres, en sus distintos roles de hija, madre o cónyuge. Más del 7% de estas personas cuidadoras tienen 80 o más años, según ha señalado el sindicato.

   La organización ha recordado que la anunciada inclusión de personas cuidadoras del entorno relacional de las personas dependientes, para facilitar que "amigos" de las personas dependientes puedan ser sus cuidadoras, se encuentra regulada desde 2013 en el Real Decreto 1051/2013 que desarrolla el catálogo de prestaciones, y en la actualidad cerca del 9% de las personas cuidadoras no son familia directa de los dependientes a los que cuidan.

   Se trata, en cualquier caso, "de una prestación que no garantiza la calidad en la atención en la misma manera en que lo hacen los servicios profesionales". En opinión de la organización sindical, seguir reforzando este tipo de prestaciones "sólo redundará en un debilitamiento de la capacidad de protección que ofrece el Sistema de Dependencia". Casi el 15% de los dependientes están protegidos por prestaciones económicas vinculadas a un servicio que exige un "doble copago" a las familias.

   En el mismo sentido, CC.OO. también ha advertido del riesgo que implica que el 14,8% de las personas dependientes estén siendo atendidas mediante una prestación económica vinculada a un servicio. Se trata de una prestación económica que la Ley también limita a utilizar sólo "cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado", ya que exige un doble copago de las personas dependientes o de sus familias. CC.OO. sostiene que actualmente reciben estas prestaciones algo más de 200.000 personas, "que dedican en su mayoría a financiar una parte del coste de una plaza en un centro residencial privado".

   El crecimiento que está registrando esta prestación también contribuye a generar situaciones de exclusión cuando la capacidad familiar no puede hacer frente al "doble copago", que supone, en primer lugar, asumir la parte de la cuantía inicial de la prestación que se reduce en función de la renta de la persona beneficiaria y, en segundo lugar, tener que cubrir la diferencia entre la cuantía de la prestación reconocida por el sistema de dependencia y el coste del servicio privado que tienen que contratar para la atención. Esta situación puede generar efecto exclusión en muchos casos, alertan.

   Por ello, el sindicato considera que "la prioridad de la reforma debe ser garantizar una financiación pública suficiente para servicios profesionales de alta calidad" y han recordado que "los servicios profesionales de gestión pública directa o mediante conciertos sostenidos con fondos públicos que reconoce el Sistema de Dependencia --ayuda a domicilio, residencias, centros de día, etc.) protegen a 640.000 personas, que suponen el 43% del total de personas dependientes atenidas en todo el Estado".