MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha reclamado apoyo a todos los grupos parlamentarios para apoyar la enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que prevé la reducción del IVA al 4 por ciento para todas las personas mayores en residencias con el objetivo de acabar con las desigualdades existentes.
"Una discriminación histórica, que implica que actualmente no todas las personas que viven en residencias acuden a centros de día o reciben cuidados en el entorno familiar paguen el mismo tipo impositivo por el mismo servicio", ha explicado la patronal en una nota de prensa.
La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, ha demandado el compromiso de todas las formaciones políticas tras conocer que se han presentado varias enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado reclamando un IVA único del 4% para todos los Servicios referidos en la Ley de Dependencia.
Pascual, que ha mantenido contactos durante las pasadas semanas con todo el arco parlamentario, celebra y agradece la presentación de estas enmiendas y ha añadido que es de "justicia social" que todas las personas que por su pérdida de autonomía personal necesitan vivir en residencias, o acuden a un centro de día o reciben cuidados en el entorno "paguen el mismo tipo de IVA".
La organización recuerda que, aunque en 2018 se logró una rebaja del IVA, no todas las personas mayores en situación de dependencia podían beneficiarse por igual. Sostiene que no es posible que exista aún una doble velocidad y que las personas que se encuentran en el 'limbo' sufran una discriminación económica.
"Se da la paradoja de que el sector de la Dependencia es el único, tal y como recoge la propia Ley, con dos tipos de IVA diferentes en función de quien sea el que pague la factura: un 4% si quien la abona es la Administración pública y un 10% si quien paga es una persona a título individual", ha explicado CEAPs.
La patronal considera que "esta situación es injusta para las personas dependientes que requieren atención y asistencia profesional y que aún no han logrado acceder al sistema público de Dependencia, es decir están en el 'limbo'", sostiene Pascual, quien ha recalcado el "enorme perjuicio económico que eso conlleva".
A modo de ejemplo, Pascual explica que se puede dar el caso de que dos amigas que compartan habitación en una residencia paguen diferentes tipos de IVA por idéntico servicio y cuidados. Una abonaría un 4% porque ha tenido acceso a la plaza a través de la Ley de Dependencia y la otra un 10% porque aún no ha conseguido que se le reconozca el grado de dependencia y/o la prestación correspondiente o bien, porque está a la espera de que se le adjudique el servicio a pesar de tener reconocido el grado de dependencia. La diferencia es de un 6%.
Por lo tanto, consideran que "no se trata simplemente de corregir una anomalía fiscal, sino de hacer justicia social", mientras recuerdan que muchas personas dependientes no pueden esperar a que se les asigne un servicio y, mientras permanecen en el 'limbo', deben buscarlo por su cuenta. "Lo que se encuentran es que, además de asumir el pago íntegro del servicio, sin la ayuda pública que les corresponde, tienen que pagar un 10% de IVA, es decir un 6% más que aquel que ya reciben la prestación", concluye.
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