CEDDD alerta: el proyecto de Ley de Economía Social pone en riesgo 60.000 empleos de personas con discapacidad

   MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha alertado sobre el posible impacto negativo para el empleo de personas con discapacidad de la aprobación del Proyecto de Ley de Economía Social.

   Según la organización, la iniciativa legislativa pone en peligro la continuidad de cerca de 60,000 puestos de trabajo ocupados por este colectivo, lo cual genera una "profunda preocupación en el sector y en las familias afectadas".

   La inquietud de CEDDD está motivada por la propuesta de modificación del artículo 5.1 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que tiene por objeto "dejar fuera del paraguas jurídico de la Economía Social" a un total de 1.655 centros especiales de empleo (CEEs), que no ostentan la calificación de iniciativa social y que a su vez emplean a más de 60.000 trabajadores con discapacidad.

   La organización ha recordado que, desde su aprobación en 1982 con la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), los centros especiales de empleo son una herramienta "clave" para asegurar un empleo remunerado a personas con discapacidad en España. Según datos oficiales del SEPE, en 2022 había 2.417 CEEs en el país, que emplean a más de 124.000 personas, de las cuales 106.429 tienen alguna discapacidad. Atendiendo a la misma fuente, el 68.5% de estos CEEs no estaban calificados como de Iniciativa Social. En el año 2022 trabajaban en ellos 61.425 empleados con discapacidad.

   El temor de CEDDD radica en que el Proyecto de Ley acabe con la posibilidad de que muchos de estos centros sigan operando, ya que plantea eliminar su reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General.

   Tal y como advierte la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), asociada a CEDDD, la modificación que se plantea en la normativa "dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto en el que ya enfrentan grandes barreras para integrarse en el mercado laboral". En este sentido, ha recordado que solo el 25% tiene empleo de los 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar que hay en España, tiene empleo. De ellas, 100.000 trabajan en CEEs, sean de Iniciativa Social o no.

    Para las personas con discapacidades de especial dificultad (discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad física igual o superior al 65%), la situación es aún más complicada, pues solo 1 de cada 10 tiene empleo y la mayoría de ellos se encuentra también en centros especiales de empleo.

    Para CEDDD, la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral no solo tiene un impacto positivo en la vida de los propios trabajadores, sino también en la economía y en la cohesión social del país.

    "La pérdida de estos empleos no solo dejaría a miles de personas sin ingresos, sino que aumentaría la dependencia de las familias y del Estado, generando un costo económico y social elevado", ha argumentado CEDDD. Por ello, considera fundamental que los legisladores comprendan que la propuesta de ley actual excluye a una mayoría de los CEEs que no están calificados como de Iniciativa Social, pero que representan más del 70% de las nuevas contrataciones de personas con discapacidad.

    Además, según aseguran, estos centros, en su mayoría, son pequeñas empresas fundadas por personas con discapacidad o sus familiares, quienes se esfuerzan por ofrecer un entorno laboral adaptado y digno.

   Asimismo, CEDDD ha lamentado "profundamente" que en la redacción del Proyecto de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, no se haya contado con CONACEE, primera y más antigua Patronal de Centros Especiales de Empleo de España. Este hecho ha dejado "indefensos a los CEEs que no tiene la calificación de social y que son mayoritarios en el sector, dado que Confederación Española Para la Economía Social (CEPES) únicamente representa y defiende los intereses de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social presentes entre sus asociados".

   Por todo ello, CEDDD reclama la "urgente y necesaria" revisión del proyecto de ley y que se escuche a todos los actores implicados. "No se puede avanzar en inclusión social y económica dejando fuera del mercado laboral a decenas de miles de personas con discapacidad, muchas de las cuales difícilmente encontrarán otra oportunidad", como ha explicado el presidente de CEDDD, Albert Campabadal.