CERMI asegura ante la ONU que la legislación española no cumple el modelo de educación inclusiva de la Convención

   MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha asegurado ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que la legislación española no cumple "aún" el modelo de educación inclusiva de la Convención.

   Concretamente, el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia, ha manifestado que España no respeta el artículo 24 de la Convención sobre educación inclusiva aunque ha asegurado, según un comunicado, que ha "emplazado" al ministerio de Educación para que despliegue y apruebe el plan de inclusión educativa y que éste sea aprobado por todos los grupos de interés.

   El secretario del secretario del Comité de Discapacidad de la ONU, Jorge Araya, presentaba el pasado miércoles a una delegación del CERMI los contenidos del 'Informe de Seguimiento a la Investigación sobre España' realizada por este órgano en 2018 en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

   Así, Araya explicaba en la reunión, según un comunicado, que en el análisis se recogen los avances y puntos de mejora por parte de España en materia de educación inclusiva y accesibilidad. Dos puntos que afectan directamente a las personas con discapacidad.

   "España cuenta con infraestructuras sociales, recursos económicos y financieros para alcanzar la plena inclusión educativa de calidad

   en el sistema general de educación y, de hecho, si se explotan esos recursos al máximo, España puede llegar a convertirse en un paradigma educativo, no solo en la región, sino en el mundo", ha explicado para luego destacar que la falta de inclusión conforme al modelo de la Convención "sigue estando vigente y siendo practicada por las distintas administraciones educativas".

   Precisamente, esta falta de inclusión estaría afectando a más de 40.000 personas con discapacidad, más de un 40 por ciento de estas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

    Por otro lado, Araya ha recordado que entre estos deberes se encuentra que al Comité le preocupa que se mantengan modalidades educativas separadas cuando las necesidades educativas no puedan ser atendidas en centros ordinarios y por eso, "las recomendaciones" que se han destacado en este informe tienen que ver, precisamente, con la derogación de la legislación que perpetua esta separación, así como con la revisión de la normativa para que se garantice la educación

   inclusiva de calidad y se apueste realmente por la accesibilidad.