MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha solicitado que las políticas públicas contra la trata y la explotación de seres humanos tengan un indicativo de discapacidad, así como una perspectiva de infancia y de género, tras retomar el Gobierno el anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos de la pasada legislatura.
En concreto, ha sido la consultora externa de FCM, Beatriz Sagrado, quien durante el encuentro de este lunes, pese a haber "celebrado todos los avances legislativos que vayan en la línea de un modelo abolicionista", ha destacado que "tiene que haber unos cambios sustanciales en muchos de los apartados del proyecto de ley".
Sagrado ha recordado que "la discapacidad sea intelectual o física es un reclamo para los puteros que utilizan justamente la discapacidad con un vector que lleva a la explotación", según de detalla en un comunicado.
En concreto, la petición de incluir la discapacidad es una de las propuestas basadas justamente en la investigación diagnóstica, en la que se recalca que el tema de las mujeres y las niñas con discapacidad explotadas sexualmente está silenciado.
Durante este conservatorio se ha solicitado que el enfoque de la discapacidad se incluya de forma práctica en todos los procedimientos y protocolos de detección, identificación, protección y atención que integran la discapacidad de una forma muy específica.
Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Socialista Araceli Martínez ha puesto de relieve que, además de leyes, se necesita apostar de una manera drástica por "la reducción de la demanda" de la explotación.
Y la asesora del Ministerio de Igualdad Belén Gallo ha recordado que ahora el anteproyecto de Ley orgánica contra la trata que incluye "todas las formas de trata". En cuanto a las previsiones para su puesta en marcha, Gallo ha declarado que ahora mismo no manejan un calendario oficial.
En el debate, la directora de asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Apramp), Rocío Mora, ha explicado cómo afecta esta explotación a las niñas y mujeres con discapacidad y, durante su intervención ha introducido el concepto de "crimen organizado y de mafias" refiriéndose a quienes se dedican a captar mujeres y ha coincidido con sus compañeras en que la discapacidad en este punto se ha convertido en una "demanda terrorífica".
TAMBIÉN PERSPECTIVA DE INFANCIA Y DE GÉNERO Además de este indicativo de discapacidad, se ha indicado que el enfoque de la Ley debe tener también una perspectiva de infancia, y de género, entre otros factores que, a juicio de las ponentes, si no están incluidas en esa Ley "no va a haber acceso a derechos por parte de las personas que tienen discapacidad".
"Si no somos capaces de que crear un camino que sea seguro en el que estas mujeres puedan acceder a derechos, van a estar en manos del crimen organizado", ha destacado Mora.
Todas las intervinientes han pedido que este asunto no solo se quede en manos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también en las manos de las organizaciones especializadas porque, según han subrayado, "son realmente las que tienen formación".