Chamizo alerta de la "injusticia" con el colectivo inmigrante, que se encuentra "en una situación casi de persecución"

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha alertado de la "injusticia" que se está cometiendo con el colectivo inmigrante, que se encuentra "en una situación muy dura, casi de persecución", ya que se le "está aplicando la Ley de Extranjería con una rigurosidad que no es de recibo", a tenor de la quejas de extranjería que están llegando "últimamente" a la Oficina del Defensor.

En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, Chamizo ha precisado que dichas quejan "hablan de una situación de emergencia" del colectivo inmigrante, al que "se le está aplicando una rigurosidad que no es de recibo". Así, continúa, "se comprende que la gente se esté manifestando contra la aplicación de la Ley de Extranjería, en referencia a la protesta que el pasado domingo tuvo lugar en Almería, y que reunió en la capital a más de 2.000 personas.

"Ante la crisis, la Administración no se comporta por igual con las personas que ya de por sí lo están pasando mal", lamenta el Defensor, toda vez que critica que los extranjeros que hasta hace poco "eran la solución a nuestras pensiones, se han convertido en un problema, sobrando desde el último que entro hasta el primero". "No estamos siendo justos con ellos", insiste.

Según apunta la Defensoría, entre las quejas de extranjería que recibe la Oficina, está la que alude a la investigación "concienzuda" en que se ha convertido el análisis y estudio de los expediente relativos a extranjeros, "tratándose más de una labor policial que de especialistas en Extranjería". Además, "se deniegan los expedientes basándose en informe policiales sobre asuntos no juzgados" y se examina a los empresarios "con total detenimiento", casándolos con continuos requerimientos "para que no exista duda de una intención real de contratación del extranjero".

Además, informa la Institución a Europa Press, otra de las quejas tiene que ver con la investigación de los que salen del país, lo que provoca "el inicio de expedientes de extinción o denegación por haber estado fuera de España más del tiempo permitido", explican. Con esta medida, "se hace que aumenten las personas en situación de necesidad circulando por España, ante el temor de que si se van por un tiempo a su país los dejen sin residencia, debiendo estos competir en la demanda de recursos básicos de los que dispone la Administración para poder subsistir", critica.

Asimismo, prosigue la Defensoría, otra tiene que ver con la "exigencia" del pasaporte en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "no a efectos de identificación, sino para comprobar si han salido del país mientras estaban percibiendo la prestación por desempleo". De esta forma, y una vez que verifican que han salido del país sin pedir la autorización, "les exigen la devolución de lo que han estado percibiendo", asegura.

"Esto es algo que ellos han ido aportando con su cotización de lo que estaban haciendo uso para mantenerse en su país, donde lo que aquí percibían se multiplicaba para poder mantenerse ellos y toda su familia", indica, al tiempo que añade que quedándose en España, "ya tan solo el alquiler y los gastos corrientes de luz y agua se comería esta prestación", lamenta al respecto.

De este modo, y con esta manera de actuar, apunta el Defensor, "se provoca también el aumento del número de personas en situación de necesidad circulando por el país, con una deuda a cuestas para no dejarlos ya levantar cabeza, con la que no solo no podrán renovar, sino que no podrán seguir manteniendo a sus familias", concluye.