COCEMFE pide que un 1% de los PGE se destine a un fondo estatal para accesibilidad universal

   MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere que se cree por ley un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado y que se destine anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información.

   Así lo pone de manifiesto en un documento dirigido a los partidos políticos con motivo de las elecciones del 23 de julio, en el que se recogen 35 medidas para promover la plena inclusión y la participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad física y orgánica, según ha informado la organización.

   "COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo proponemos la incorporación del enfoque de derechos y considerar la discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno", ha señalado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

   Asimismo, Queiruga ha destacado la importancia de contemplar en las líneas de acción política los diferentes factores de discriminación interseccional a los que se enfrentan las personas con discapacidad física y orgánica para garantizar sus derechos y bienestar.

   El documento incluye una serie de consideraciones generales para incorporar de forma transversal y permanente en las políticas públicas, así como cinco ejes de propuestas: Rentas y empleo; Educación; Accesibilidad; Autonomía personal, vida independiente y atención a las situaciones de dependencia y Salud y espacio sociosanitario.

   Por otro lado, entre las medidas recogidas en el documento se encuentran la aprobación de una nueva Ley de Inclusión Laboral que siente las bases y oriente y refuerce las políticas activas de empleo para personas con discapacidad, además de la modificación de la legislación básica de acceso al empleo público para elevar el cupo de reserva para todas las Administraciones Públicas del 7% vigente al 10%.

   También propone planes integrales de atención temprana educativa coordinados con los sectores sanitario, educativo y social, planes integrales de impulso de la educación inclusiva, programas de aceleración de la accesibilidad en los centros educativos y servicios de adaptación de puestos escolares y de proporción de los productos de apoyo.

   Respecto a la accesibilidad, la organización también pide reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que los costes de las actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de comunidades vecinales donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades, habilitando ayudas públicas suficientes para hacer llevadero el esfuerzo económico.

   Asimismo, pide a los partidos políticos avanzar en un sistema de atención a la dependencia "más coordinado, innovador" y con una dotación de recursos "suficiente" que posibilite el impulso de un modelo basado en la autonomía personal y en la igualdad de oportunidades, de manera que se extienda la prestación de asistencia personal y se amplíe la cartera de servicios, fomentando los servicios de promoción a la autonomía personal, innovando y flexibilizando sus tipologías.

   "Proponemos la eliminación progresiva del copago de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia", ha señalado Queiruga.

   Asimismo, ha defendido "seguir impulsando la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización con un plan de choque de vivienda pública social, accesible y de emergencia".

   En cuanto a salud, el documento recoge la creación de unidades especializadas de atención y protocolos específicos de intervención en discapacidad, que contemple la coordinación de los equipos multidisciplinares para una atención integral de la persona y continuar con la profundización y extensión de la renovación y actualización profunda y exhaustiva del 'Catálogo Ortoprotésico' del sistema Nacional de Salud.

   Finalmente, contempla la importancia de desarrollar nuevas estrategias de abordaje de la cronicidad con un despliegue operativo alineadas con la 'Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad' en el Sistema Nacional de Salud, además de garantizar la financiación pública de productos sanitarios y el acceso universal a servicios accesibles de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, especialmente para las mujeres y niñas con discapacidad.