Iglesias insiste en que el "escándalo" de las residencias en Madrid "puede tener consecuencias legales"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros de este martes 9 de junio de 2020 - Moncloa

"Modestamente, creo que cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación en el marco de nuestras competencias", ha dicho sobre su responsabilidad

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha insistido en que el "escándalo" de la Comunidad de Madrid por no permitir la derivación a hospitales de usuarios de residencias de ancianos enfermos de COVID-19 "puede tener consecuencias legales".

Según ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, fue el propio consejero de Políticas Sociales de la región, Alberto Reyero, quien aseguró que era "inmoral" y "eventualmente ilegal" que no se permitiera a los ancianos de las residencias madrileñas ser trasladados a los hospitales de la Comunidad. "Era el propio consejero de Ayuso quien estaba señalando un escándalo evidente que, ciertamente, puede tener consecuencias legales", ha dicho.

"Hay muchas cosas que se tienen que terminar de saber, es extremadamente grave que desde dentro del Gobierno se esté denunciando no solo una inmoralidad, sino que el propio consejero apuntaba a que eso debe ser ilegal, y lo que es ilegal lógicamente se debe perseguir", ha insistido, para recordar que son "muchas" las familias que ya están emprendiendo acciones legales por este asunto.

MONTERO: "NO SOY INTÉRPRETE DE MINISTROS O VICEPRESIDENTES"

Preguntada sobre si comparte la opinión de Iglesias sobre este tema, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha limitado a decir: "No soy intérprete de los ministros o vicepresidentes, sobre todo cuando se encuentran ellos delante".

En cualquier caso, Iglesias recalca que esas órdenes de la Comunidad de Madrid de no trasladar a los ancianos a los hospitales y que están generando "alarma", no han sido denunciadas por el Gobierno central, sino que las ha denunciado el consejero de Políticas Sociales de la región.

"HICIMOS LO QUE TENÍAMOS QUE HACER"

Así pues, Iglesias ha asegurado que la vicepresidencia social del Gobierno va a trabajar con las comunidades autónomas para facilitar que se elaboren "protocolos sensatos" en las residencias de mayores.

Además, ha defendido que el Ejecutivo central dio 300 millones a las comunidades para que, entre otras cosas, contrataran a más personal en estos centros, y para que se declarase, bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, a los servicios sociales como servicios esenciales.

También ha indicado que desde el Gobierno se mandó una instrucción a las comunidades autónomas, a través de Sanidad, para que los trabajadores de las residencias tuvieran prioridad a la hora de recibir EPIs y que se aumentaron las competencias autonómicas para que éstas pudieran intervenir e inspeccionar las residencias privadas.

"Modestamente, creo que cumplimos con nuestro deber y nuestra obligación en el marco de nuestras competencias; hicimos lo que teníamos que hacer", ha defendido.

Sobre el tema de las competencias, Iglesias ha subrayado que eran las comunidades autónomas las que tenían la competencia en materia de residencias.

LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA "NUNCA" TUVO MANDO ÚNICO

En este sentido, ha defendido que la vicepresidencia que dirige "nunca tuvo un mando único", y que, de hecho, las órdenes las redactaba el Ministerio de Sanidad. "Lo que hicimos fue aumentar las competencias autonómicas, es decir, no sólo tenían las competencias, sino que las tenían aumentadas", ha aclarado. Y ha añadido: "Está bastante clara la cuestión competencial".

Asimismo, ha apuntado que el Gobierno seguirá "poniendo el acento en el tema del modelo residencial, ya que con el actual ha habido "condenados por corrupción" y las condiciones han sido "escandalosas". "Hemos visto la debilidad de un modelo altamente precarizado y privatizado enormemente peligroso para la salud y el bienestar de los mayores", ha expresado.

En su opinión, lo "lógico" sería que España recorriera el camino de los países nórdicos, que han apostado por el sistema de atención domiciliario, el cual "es más eficaz y más adecuado para proteger el deseo de los mayores y su bienestar". "Es un compromiso de la vicepresidencia trabajar en este sentido", ha zanjado.