Defensor del Pueblo propone un "manual de buenas prácticas" para erradicar "abusos" en las identificaciones policiales

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, estudia solicitar un "manual de buenas prácticas" que supervise la actuación de la Policía Nacional en las identificaciones de ciudadanos en la vía pública "con el objetivo de erradicar prácticas innecesarias, arbitrarias y abusivas".

Así consta en el informe anual de la Defensora del Pueblo recogido por Europa Press y en el que anuncia "la posibilidad de interesar al organismo competente la elaboración de un manual de buenas prácticas, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de supervisar la actuación policial en las identificaciones de ciudadanos con el objetivo último de erradicar prácticas innecesarias, arbitrarias y abusivas".

Esta institución plantea esta alternativa después de comunicar que ha "dado por concluidas sus actuaciones iniciadas" en esta materia recordando que realizó dos recomendaciones a la Dirección General de la Policía. La primera de ellas consistía en la improcedencia de detener y trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros debidamente identificados, una recomendación que, según la defensora, ha sido aceptada por la Policía.

La segunda recomendación solicitaba que "se impartiesen las instrucciones oportunas para erradicar la práctica policial de los controles de identificación y para que se arbitrasen mecanismos de control a posteriori". Pero en este caso la defensora dice no haber sido escuchada.

La respuesta del Ministerio del Interior a esta problemática fue la Circular 2/2012, publicada en mayo del año pasado y por la que se modificaba una Circular anterior del año 2010. Tenía por objeto definir las identificaciones de ciudadanos "prohibiéndose en este sentido el establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos".

En ese sentido, establecía la "improcedencia" de trasladar a un ciudadano a comisaría "por el mero hecho" de se constate su estancia irregular en España, pero siempre que se haya comprobado su identidad mediante documento oficial o pueda acreditar su estancia en algún domicilio.