Defensores del Pueblo piden que se cumpla en la Pacto de Estado contra la Violencia de Género

ALICANTE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Defensores del Pueblo han urgido este miércoles en Alicante a que se pongan en marcha las actuaciones recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, en una declaración conjunta suscrita con motivo de la celebración en Alicante las jornadas de los defensores del pueblo españoles.

Todos ellos han reafirmado su compromiso con la prevención y en la lucha contra la violencia de género. El documento, consensuado entre las distintas defensorías, recoge casi una treintena de recomendaciones encaminadas a mejorar la respuesta que reciben las víctimas de violencia de género y a proponer medidas efectivas para acabar con esta lacra social. El escrito será remitido a todas las administraciones nacionales y autonómicas con competencias en la materia.

Según ha informado la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, entre las medidas que instan a hacer realidad, está la implantación generalizada y homogénea de las Unidades de Valoración Integral Forense.

Estos órganos periciales se encargan de asistir a los órganos judiciales a la hora de tomar decisiones, por lo que resulta imprescindible la especialización de sus profesionales -forenses, psicólogos y trabajadores sociales- para valorar correctamente el nivel de riesgo de las víctimas. Sus informes de valoración deberían estar en el juzgado antes de la declaración de la víctima y del agresor, garantizando las medidas de protección más idóneas y personalizadas.

La formación y sensibilización en materia de violencia de género, según el acuerdo adoptado, es indispensable para cualquier profesional que intervenga en la protección integral de las víctimas; desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, abogados del turno de oficio, hasta jueces y fiscales. Una formación que, además, debería ser continuada, obligatoria y evaluable.

Los defensores instan a revisar, actualizar y adaptar la ley de violencia de género y a que se impulsen los cambios legislativos necesarios para ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujer, tal y como se recogen en el Convenio de Estambul.

También consideran necesario que la acreditación de la condición de víctima de violencia de género pueda refrendarse mediante instrumentos más amplios y homogéneos en todo el territorio.

Es imprescindible la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género para propiciar su recuperación integral. Para ello habría que dotar presupuestariamente los recursos y programas destinados a este fin, fomentar la creación de convenios laborales, incluir cláusulas sociales en los contratos de las administraciones públicas y adoptar medidas de compatibilización horaria de los cursos de formación con los horarios de escuelas infantiles y colegios.

Los defensores defienden el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a acceder, con carácter prioritario, a viviendas protegidas y subrayan la obligación de la legislación de garantizar esta prioridad de forma suficiente mediante la reserva obligatoria de viviendas y la flexibilización de requisitos para el acceso a las mismas. El déficit de estas viviendas limita el abandono de la vivienda habitual y perpetúa la violencia sobre las víctimas.

MENORES

Las nefastas consecuencias que produce la violencia de género no las sufre exclusivamente la mujer, sino que ineludiblemente alcanza a sus hijos e hijas que, sin lugar a dudas, son víctimas directas de esta violencia.

En primer lugar, los defensores recuerdan que se debe garantizar el derecho del menor víctima de violencia de género a ser escuchado de forma activa en las decisiones que le afecten y tenerse en cuenta siempre su interés superior.

Para la protección de los menores, los defensores proponen una modificación normativa que propicie la suspensión temporal de la patria potestad para el padre presunto agresor en el momento en que se dicten medidas de protección sobre la mujer.

Esta medida, además de proteger la propia vida del menor, evitaría tener que recabar la autorización paterna para que los hijas e hijos reciban atención sanitaria o para cambios de centros educativos que garanticen su seguridad.

Los problemas psicológicos que pueden padecer los menores cuando son víctimas directas del maltrato resultan mucho más sutiles para su detección que los daños físicos. De ahí que los defensores urjan a reforzar las plantillas de profesionales que prestan asistencia psicológica especializada garantizando la calidad y la intensidad de las sesiones.

Respecto a los menores huérfanos de madre, los defensores apuestan por acelerar los procesos de otorgamiento de la guardia y custodia a los familiares, evitando situaciones de desamparo.