La definición de persona con discapacidad no está armonizada en la UE

   MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pedirá al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que promuevan iniciativas para la adopción en toda la Unión Europea de una única noción de persona con discapacidad para la libre movilidad y el acceso sin discriminaciones en todos los estados miembro a los recursos, apoyos y medidas de acción positiva por razón de discapacidad.

   En concreto, el CERMI remitirá a estos órganos europeos un informe realizado, a solicitud del propio Comité, por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, que contiene una propuesta sobre cómo regular la condición europea de persona con discapacidad y la homologación de estas situaciones entre los Estados miembro.

   Actualmente, según explica el CERMI, no existe un estatuto europeo de la discapacidad, más allá de los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a noción de persona con discapacidad.

   De esta manera, advierte de que las personas con discapacidad que se trasladan a vivir a otro Estado miembro, están obligadas a solicitar la declaración nacional de discapacidad, si se cumplen los requisitos específicos establecidos en cada caso.

   El informe pone de manifiesto la "existencia de un claro desequilibrio en la regulación de la discapacidad en el plano europeo" puesto que "hay países que no definen lo que es la discapacidad y esto determina que tengan mecanismos de evaluación poco desarrollados o que no están disponibles al público".

   De hecho, avisa de que esta inexistencia de una definición armonizada o común de la discapacidad, origina ciertas exclusiones a determinados grupos de discapacidad como la discapacidad intelectual o del desarrollo o las discapacidades sobrevenidas, a corto plazo o agudas.

   En este sentido, el informe resalta que esta falta de mecanismos hace que algunos países sigan anclados en un "modelo médico" puro en el que únicamente se siguen diagnósticos y baremos sanitarios para determinar quién es una persona con discapacidad sin tener en cuenta la discriminación social que conlleva.

   El análisis concluye que todos los Estados deberían tomar como base para poder desarrollar unos mecanismos de evaluación de la discapacidad acordes con los derechos humanos el "modelo biopsicosocial", que consiste en la unión del modelo social de derechos humanos --donde se incluyen las circunstancias individuales y sociales del individuo-- y del modelo médico --que se centra únicamente en un diagnóstico facultativo--.

   Finalmente, el informe reivindica una mayor presencia de las organizaciones representativas de la discapacidad en las instituciones europeas para no "dar la espalda" a este grupo de la población.