MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 considera que el nuevo modelo de tarjetas monedero aprobado este martes por el Gobierno, para familias con hijos en situación de pobreza severa, "no debe comprometer la sostenibilidad" de los bancos de alimentos y asegura que "nadie debería quedarse sin cobertura".
"Según los datos de la Federación de Bancos de Alimentos, lo que se recibía a través de este fondo supone menos del 30% de todos los alimentos que ellos entregan, por lo que esto no debe comprometer su sostenibilidad", han señalado a Europa Press fuentes ministeriales.
Además, las mismas fuentes precisan que "se trata de un fondo público, por lo que son las administraciones públicas las que deben tomar decisiones sobre la forma en la que estos fondos llegan a la población" y recuerdan que la Administración General del Estado y las CCAA, en acuerdo de Consejo Territorial de diciembre de 2021 "decidieron, por unanimidad, cambiar la modalidad de esta prestación".
Además, señalan que este programa tiene "un presupuesto limitado", pero es, "sin duda, una oportunidad de financiación para mejorar la cobertura". Igualmente, precisan que las personas que lo necesiten y que no sean destinatarios directos de esta ayuda "pueden acudir a los servicios sociales (si no lo están haciendo ya), que son los competentes en exclusiva para este fin, por lo que nadie debería quedarse sin cobertura".
En todo caso, puntualizan que "este programa no pretende cubrir las necesidades de todas las personas que sufren pobreza material severa" y añaden que tampoco las ha cubierto en el pasado. "Lo que se pretende es que contribuya al objetivo de paliar la privación material severa, algo que no sólo se está haciendo desde los bancos de alimentos, sino básicamente desde los Servicios Sociales municipales, a través de ayudas económicas de emergencia", subrayan.
Según han indicado fuentes ministeriales, durante este año 2024 (de abril a diciembre), el programa se va a financiar con el tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus, de forma que las CCAA dispondrán de su tramo autonómico en su totalidad para poder aumentar su financiación a sus servicios sociales o dar más ayudas a entidades sociales, como pueden ser los bancos de alimentos.