La discapacidad en las estadísticas de delitos de odio

   MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propone al Ministerio del Interior que incorpore la variable de la discapacidad en los estudios y estadísticas llevadas a cabo por la Oficina contra los Delitos de Odio del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

   Esta es una de las aportaciones sobre prevención e investigación de delitos de odio que hace esta organización al Plan de Acción contra los delitos de odio del Ministerio del Interior, en el que plantea, además, conocer datos desagregados por tipología de discapacidad y género.

   "Las personas con discapacidad aportamos nombre y rostro a estas perturbadoras estadísticas, que constatan que el estigma pervive y que la tan invocada inclusión no ha penetrado en estos espacios de sufrimiento y dolor", sostiene el CERMI.

   Asimismo, critica, en este ámbito, la "ineficacia" de las políticas públicas para hacer cumplir la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente, el artículo 16, sobre protección contra la explotación, violencia y abuso, así como el artículo 8 sobre toma de conciencia, que "sin duda, contribuiría a fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad y a erradicar esta visión lastimosa y dañina hacia estos hombres, mujeres, niñas y niños".

   También, entre las líneas operativas de prevención e investigación de delitos de odio, este colectivo plantea la capacitación y empoderamiento de las personas con discapacidad para que identifiquen y denuncien estos tipos delictivos; incorporar la accesibilidad universal en los espacios, servicios y procesos de denuncia; el conocimiento de los delitos más frecuentes sobre las personas con discapacidad para actuar preventivamente, y campañas informativas accesibles.

   Asimismo, el movimiento social de la discapacidad plantea incorporar medidas de accesibilidad universal en el proceso de atención a las víctimas de delitos de odio; instalaciones y servicios de atención a víctimas con discapacidad, y garantizar la escucha y la recepción del testimonio de la víctima con discapacidad.

   En el caso de los menores, propone asegurar el interés superior de los niños y niñas con discapacidad, teniéndolos como titulares de derecho para que su opinión sea considerada, además de crear un grupo de trabajo para revisar el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio para que se incorpore un enfoque inclusivo de la discapacidad.