MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha señalado la necesidad de tomar medidas de ámbito estatal de redistribución para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en España.
Así lo ha puesto de manifiesto la organización este jueves 21 de junio, tras la publicación de la última 'Encuesta de Condiciones de Vida' publicada por el INE. Para EAPN, la mejora de los indicadores de pobreza y exclusión social arrojados en esta encuesta, "no reduce la gran preocupación" por los "altos niveles" de riesgo de pobreza y exclusión que se siguen manteniendo.
La tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión, ha bajado a niveles del año 2011 (26,6%), lo que supone que 12.388.187 personas se encuentran actualmente en esta situación.
En concreto, la cifra de personas en riesgo solo de pobreza es de 10.059.581. "Como se puede apreciar, aún estamos muy por encima de 2008 (9.139.249 personas en riesgo solo de pobreza) y en ese año ya eran unas cifras muy altas", ha dicho el presidente de la red, Carlos Susías.
Otro elemento que preocupa a EAPN es la constatación de la brecha de género en pobreza, ya que, según los datos del INE, la tasa AROPE de las mujeres es 1,1 puntos superior a la de los hombres y ha bajado "mucho menos" que la masculina.
Los datos también reflejan que, pese a la mejora de las cifras de desempleo, el número de trabajadores pobres no desciende. "Esto nos hace pensar en la baja calidad del empleo generado y a la necesidad de mejorar el salario mínimo y las condiciones laborales", ha explicado Susías.
Respecto a la situación de la infancia en familias monoparentales, la red demanda una renta mínima de ámbito estatal, unas prestaciones por hijo a cargo y el apoyo a la vivienda. "Las políticas de protección social también son medidas de desarrollo económico, no su consecuencia", ha incidido
Para el presidente de EAPN, el "gran problema" de España está en la "ausencia o debilidad" de mecanismos estatales dirigidos a proteger a la población, como, a su juicio, pueden ser la prestación económica por hijo o menor a cargo; las pensiones no contributivas por invalidez o por jubilación; un salario mínimo que esté por encima del umbral de pobreza; y unas condiciones de trabajo "más dignas y equitativas".