La eterna polémica en torno a la Ley de Violencia de Género

   MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La aprobación de la Ley de Violencia de Género en 2004 supuso la regulación de un tratamiento diferenciado para las mujeres víctimas de maltrato en el entorno familiar por parte de sus parejas o ex parejas hombres en relación con el resto de víctimas del ámbito doméstico.

   Esta diferenciación, que ahora critica Vox, también fue rechazada por otros partidos políticos en el pasado, que cuestionaron que se incrementen las penas en caso de lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones leves cuando los cometen hombres contra sus parejas o exparejas, tal y como recoge el artículo 153.1 del Código Penal.

   Los últimos que desataron el debate fueron Ciudadanos en 2015, cuando en su programa electoral para las últimas elecciones generales plantearon un cambio en la ley para acabar con la "asimetría en el trato a hombres y mujeres". Ningún partido entonces, ni PSOE, ni PP, ni Podemos, mostró su apoyo a la medida de Cs.

   En cambio, ahora, los naranjas, como el PP, que suscribieron en 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se inclinan por no tocar la norma, pero plantean una de violencia intrafamiliar, para otras víctimas en el ámbito doméstico.

   En realidad, las diferentes posturas y los cambios no son nuevos ya que se han venido defendiendo posiciones diversas a lo largo de los años. De hecho, la medida planteada este viernes por los de Casado tiene paralelismos con las que defendieron los 'populares' en 2004 durante la tramitación de la ley.

   Esta norma fue la primera que quiso aprobar el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al llegar al Ejecutivo, recogía esta reforma del Código Penal desde sus inicios para establecer una diferenciación por género.

   La primera crítica partió del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en su dictamen sobre el texto, cuyo ponente fue el conservador José Luis Requero, --apoyada por 10 vocales y rechazada por 9-- señalaba "dudas de constitucionalidad" por la creación de nuevos tipos penales en los que el sujeto activo siempre es el hombre y el pasivo la mujer.

   El entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, ya había avisado de que el Ejecutivo no incorporaría sugerencias, preceptivas pero no vinculantes, que neutralizaran la acción positiva hacia las mujeres. "Aquellas propuestas que delimiten la protección y el refuerzo especial, la acción positiva en favor de la mujer, que es la que sufre la violencia de género, con algunas excepciones, como algunas que propone el ponente del CGPJ, no serán aceptadas", advirtió en junio de 2004.

   Otro órgano consultivo, el Consejo de Estado, sí avaló la constitucionalidad de la discriminación positiva en el ámbito penal, aunque precisó que estaban más justificadas cuando se refieren a la protección y asistencia de las víctimas.

EL PP Y CAMARERO, EN CONTRA

   Las críticas tampoco se hicieron esperar por parte del principal partido de la oposición entonces. Su portavoz en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, Susana Camarero, que después fue secretaria de Estado de Igualdad, advertía de que era "una mala ley, ineficaz e inoportuna y que excluye a los mayores, a los hombres, a los niños o a los homosexuales". "Todas las víctimas de violencia de género se tienen que incluir en esta ley", decía ese mismo mes.

   En todo caso, ningún grupo parlamentario presentó una enmienda de totalidad a la Ley cuando llegó al Congreso. A la defensa de esta discriminación penal se unió el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. "Nosotros sabemos que si una mujer nos amenaza con darnos un tortazo no nos sentimos intimidados ni aterrorizados, ni obligados a permanecer esclavos de esa situación --explicaba en julio de 2004--, pero ¿quién de nosotros puede asegurar que esa no es la situación que padecen cientos de mujeres cuando son amenazadas por los hombres con los que conviven?".

   Lo mismo hizo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero durante el XXXVI Congreso del PSOE, en el que recalcó que su Gobierno no estaba dispuesto a dar "un paso atrás" en la discriminación positiva.

RAJOY TAMBIÉN LO RECHAZABA

   Por el contrario, el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, advertía de que, aunque el PP no votaría en contra de la Ley, podría presentar una iniciativa para que la futura norma proteja también a los niños, ancianos u hombres en esa situación. "Nosotros no vamos a votar en contra, aunque presentaríamos una iniciativa para que se aplicara a otro tipo de situaciones. En España, las situaciones de los niños y de las personas mayores pueden estar contempladas por la ley, y la de los hombres también, y si el PSOE no quiere introducirlas en esta Ley, nosotros plantearemos que también se incluyan", señaló.

   En el Congreso, los 'populares' presentaron 101 enmiendas al texto, entre otras cosas, para eliminar el agravante de género, aunque sin pedir la incorporación expresa a la ley de otros sujetos, como los hombres o las personas mayores, porque, como comentó la portavoz adjunta del Grupo Popular Ana Torme, la violencia de género afecta fundamentalmente a las mujeres. En todo caso, a juicio del PP en aquel momento, era mejor extender el incremento de penas en todos los casos sin diferenciar el sexo de los sujetos.

   "No sólo por los problemas de constitucionalidad que se han venido planteando --explicaba Torme--, sino porque esta redacción puede crear indefensión en las mujeres que denuncian, ya que algunos expertos ya ha alertado de que los inculpados pueden plantear recursos de inconstitucionalidad que dejan a la víctima desprotegida hasta que el Tribunal Constitucional resuelva".

   Y así pasó, el Constitucional analizó 127 cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por distintos tribunales y, por primera vez en 2008, avaló la constitucionalidad de la discriminación penal positiva.

LA OPOSICIÓN, TAMBIÉN EN CONTRA

   En todo caso, el PP no se quedó sólo en sus críticas a este agravante, ya que casi todo el arco parlamentario pidió su supresión o modificación durante la tramitación parlamentaria en el Congreso. Los socialistas, en aras del consenso, incluso barajaron sustituir el agravamiento de penas al varón por el de sujeto de "posición dominante", fórmula que no desagradaba a la oposición.

   "Es más coherente con nuestras propias enmiendas --dijo entonces la 'popular' Susana Camarero--, porque elimina la discriminación por sexo y estamos abiertos a cualquier modificación que termine con las dudas de constitucionalidad que plantea el texto actual".

   En la misma línea habló entonces por Izquierda Verde la diputada Carme García: "Nosotros no veíamos lo de los nuevos tipos penales. Las nuevas líneas planteadas, con un agravamiento común de los delitos vinculados a la violencia de género podría ser una fórmula que se acomoda al planteamiento de todos los grupos". También las diputadas de CiU y PNV, Mercé Pigem y Margarita Uría, se mostraban favorables al cambio.

   Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, autor del proyecto, insistía en aquella época en que el agravamiento de género debía mantenerse. Finalmente, se mantuvo la discriminación positiva penal a la mujer, pero también se elevó el agravamiento cuando el maltrato se ejerce contra grupos especialmente vulnerables que convivan con el agresor, independientemente del sexo de éste.