Experta de la ONU, preocupada por la Ley del 'sí es sí', reclama a España más protección para las víctimas de violación

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, Reem Al Salem, ha mostrado este martes su preocupación por las rebajas de penas a agresores sexuales contabilizadas tras la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí' y ha pedido a España más protección para las víctimas de agresiones sexuales.

Al Salem ha explicado que, "aunque no se puede dar marcha atrás, ahora es crucial que el Gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas".

El objetivo, según ha explicado, es "tratar de minimizar la revictimización" y "garantizar la protección" de estas mujeres que han sufrido violencia sexual.

A través de un comunicado, la ONU recoge las cifras del Consejo General del Poder Judicial, a fecha de 12 de abril de 2023, que determinan que 943 de 4.000 perpetradores de violencia sexual que cumplían penas de prisión han visto reducidas sus penas tras la aprobación de esta ley.

También ha destacado la "encomiable" actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pidiendo disculpas públicamente" por esta situación y la reforma del texto aprobado el pasado abril para "restablecer los niveles de castigo" existentes antes del 'sí es sí'.

UN MENSAJE ERRÓNEO

Además, a la relatora especial le preocupa que la ley "no haya ido acompañada de recursos para garantizar su correcta aplicación" y que se pueda "utilizar el umbral de si hubo consentimiento o no como carga de la prueba". A su juicio, "para un país con una elevada tasa de feminicidios, reducir las penas de los culpables de perpetrar actos de violencia sexual envía un mensaje erróneo sobre las prioridades del Estado".

Al Salem advierte de que "la desafortunada consecuencia de la ley podría haberse evitado si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas que habían advertido contra esta consecuencia obstructiva, como las expresadas por organizaciones de la sociedad civil, políticos y el Consejo General del Poder Judicial" y cree que en temas con "implicaciones de largo alcance" como este "debería haberse concedido más tiempo a las consultas".

Además, ha recomendado que la ley incluyera "una descripción más clara de la palabra género" o "más acorde con el estándar internacional de derechos humanos, y una distinción más clara en la ley entre los términos 'sexo' y 'género'".