La Fiscalía pide prohibir cualquier comercio sexual que no gestione directamente la prostituta

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sala Coordinadora de Extranjería solicita al Gobierno que elabore una legislación específica para prohibir "cualquier comercio o negocio sexual planificado y desarrollado" por personas distintas a la prostituta afectada, a fin de facilitar la erradicación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en España, que, a menudo, se oculta en establecimientos y negocios donde resulta "incontrolable".

"El superior valor de la protección de los derechos humanos exige el desarrollo de una legislación específica que de manera clara y precisa impida sin fisuras, desmantele con prontitud e imposibilite definitivamente la estructura final en la que se asienta una de las etapas finales de la trata", explica la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2011.

En su informe, el fiscal explica que si bien en España hay "buen número de especialistas policiales" en lucha contra la trata, "por buenas que sean las estrategias diseñadas" en la práctica van a chocar con "una serie de obstáculos insalvables derivados en última instancia de la indiferencia social, que se traduce en la aceptación sin límites ni control de cualquier actividad vinculada al proxenetismo en general o de la intermediación lucrativa en el comercio sexual, en particular".

"La admisión pura y llana de la figura del comerciante sexual y la proliferación de establecimientos u otros lugares donde se lleva a cabo el incontrolable comercio sexual de mujeres determina que queden encubiertos multitud de casos en que el ejercicio de la prostitución es impuesto a la mujer a modo de esclava sexual o incluso habiendo prestado inicialmente su consentimiento, es posteriormente sometida a condiciones insufribles e indignas", advierte el documento.

En total, el año pasado se incoaron 64 diligencias previas por delitos de trata de seres humanos, que eran de tipo sexual en un 92,18 por ciento de los expedientes y laboral en el resto. Los casos eran "de la más variada naturaleza", desde la organización criminal que trafica con mujeres hasta la explotación de adolescentes a cargo de sus propios familiares. Al término del ejercicio 45 de estas diligencias estaban aún en tramitación y 14 habían sido archivadas.

En cuanto a los delitos de prostitución de menores y prostitución coactiva, se incoaron 106 diligencias de las que 23 fueron archivadas. En conjunto, como supuestos de explotación sexual se realizaron 27 calificaciones, 36 sobre víctimas mayores de edad y 4 relativas a menores. Todas salvo dos, eran mujeres.

Según los datos de la Memoria Anual, el grupo más amplio (26,3%) procedía de Rumanía, el 15,7% eran brasileñas y el 14,5, paraguayas, aunque también se identificaron víctimas argentinas, chilenas, venezolanas y rusas. En cuanto a los acusados, mayoritariamente eran españoles (36,7%) y rumanos (34,1%) que, en la mayoría de los casos habían impuesto la explotación sexual mediante amenazas, aunque también hubo quienes se sirvieron de violencia física, detención ilegal y violación.

Según las Fiscalías especializadas, a 149 mujeres presuntas víctimas de trata se les ofreció acogerse a las previsiones de la Ley de Extranjería (un periodo de reflexión para decidir si colaboran con las autoridades, un permiso de residencia temporal y protección integral) pero sólo el 16 por ciento se acogió, un índice "muy reducido" que según el informe, se debe a la "tardía aprobación" del Protocolo Marco de protección de víctimas de trata.

El mayor número de procedimientos incoados fueron por denuncia de la propia víctima, sola o a través de una ONG tras ser identificada por las fuerzas policiales en el lugar donde estaba siendo explotada. El año pasado se llevaron a cabo 2.375 inspecciones en lugares donde se ejercía la prostitución, se encontró a 14.370 personas en situación de riesgo y, entre ellas, se identificaron 1.082 víctimas de trata.

La Fiscalía explica que "en demasiadas ocasiones" el testimonio de la víctima constituye la única prueba de cargo, lo que tiene "graves consecuencias" para el éxito de la futura acusación, "sobre todo teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales es un instrumento patentemente deficiente".