Actualizado 22/05/2013 15:30

Gobierno andaluz condena el nuevo caso de violencia de género en Córdoba y anima a presentar denuncia

Carmen Crespo
EUROPA PRESS

El Gobierno está a la espera de confirmar también como violencia de género el homicidio registrado en Campillos (Málaga)

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha expresado su pesar por el último asesinato de violencia de género, registrado este miércoles en la barriada cordobesa de Alcolea, que ya ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al tiempo que ha animado a las víctimas de malos tratos a presentar denuncia.

La víctima de Córdoba es una mujer de 51 años, que ha fallecido presuntamente a manos de su marido, un hombre de 56 años, con el que convivía. La mujer no había presentado denuncias previas por malos tratos, por lo que no contaba con ningún tipo de protección policial; como consecuencia de la agresión, también ha resultado herida una tercera persona, hermano del agresor, que ha sido detenido y se encuentra a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Con esta nueva víctima se eleva a tres el número de mujeres fallecidas en Andalucía a manos de sus parejas o ex parejas en los cinco primeros meses de 2013, tras los casos de Peal de Becerro (Jaén), el pasado 18 de abril, y Écija, el 18 de marzo, según ha confirmado la Delegación en una nota. La cifra se eleva a 21 en el conjunto del territorio nacional.

En estos casos o bien no se había presentado denuncia previa por violencia de género, como en este último caso, o después de haberla presentado, como en el de Écija, se había retirado con posterioridad. Por este motivo, Carmen Crespo ha animado a las mujeres a denunciar los casos de malos tratos, "pues sólo así se pueden activar los distintos mecanismos para la protección de las víctimas".

Además, la delegada ha afirmado que "es fundamental que las víctimas se sientan apoyadas por su entorno familiar y social y que se las anime a denunciar cuando se sientan en peligro". Crespo también ha recordado que las instituciones disponen de recursos y servicios para apoyar socialmente y psicológicamente a las víctimas, al margen de las medidas de protección policial y judicial, que sólo pueden activarse tras la denuncia previa.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está a la espera de confirmar también como caso de violencia de género el episodio registrado en la localidad malagueña de Campillos (Málaga), el pasado 1 de abril, en el que un hombre causó, presuntamente, la muerte de su hija de seis años aprovechando el régimen de visitas que tenía concedido; posteriormente, el presunto autor del homicidio se quitó la vida. Sería la primera vez que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género considera víctima directa de un caso de violencia de género a un hijo menor de edad.

22 HUÉRFANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LO QUE VA DE 2013

La delegada del Gobierno en Andalucía ha alertado sobre la situación de los menores expuestos a casos de violencia de género y ha recordado que "un menor, sólo por ser testigo de hechos agresivos contra su madre, puede sufrir secuelas psicológicas de por vida". Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar los mecanismos de apoyo para los menores que, directa o indirectamente, se han visto afectados por casos de violencia de género.

En lo que va de año, 22 niños se han quedado huérfanos en España como consecuencia del homicidio o asesinato de sus madres por violencia de género. Ante esta situación, el Gobierno ha impulsado el II Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que entre otras medidas contempla un refuerzo de la protección y el interés superior del menor ante casos de violencia y en situaciones de riesgo y desamparo, así como la consideración de los menores como víctimas de la violencia de género.

Asimismo, se reforzarán los niveles de seguridad en la red para evitar abusos a niños y adolescentes. Además, las medidas más relevantes del plan conllevarán una modificación normativa, a través de una ley orgánica para actualizar la legislación sobre protección a la infancia.