Igualdad inicia el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha iniciado este miércoles el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo. De esta forma, el Gobierno recupera el anteproyecto de Ley, que decayó en la anterior legislatura con la convocatoria de elecciones.

Así, el texto inicia hasta el próximo 26 de abril un proceso de audiencia e información pública para recabar la opinión de la ciudadanía. Según han expuesto desde el departamento que dirige Ana Redondo, pueden enviar sus aportaciones los ciudadanos titulares de derecho e intereses legítimos afectados por el proyecto normativo, directamente o a través de organizaciones o asociaciones que los representan.

Igualmente, pueden hacer aportaciones adicionales otras personas o entidades. De forma paralela al trámite de audiencia pública, se recabarán los informes sobre el anteproyecto de ley que se consideren oportunos y necesarios para asegurar la calidad y el acierto de la norma.

Con esta ley, amplían el concepto de trata a otras tratas que tienen que ver con la trata laboral, la trata sexual, la trata con objetivo matrimonial, matrimonios concertados, la trata para comercio de órganos, etcétera.

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA

Como novedad, se crea el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata.

Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender, con ayuda de un intérprete o mediador cultural, si fuera necesario, y en estrecha colaboración con las entidades especializadas acreditadas.

Desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento, a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, y derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, garantizándose estos últimos desde el momento de la detección, a lo largo de todo el proceso de identificación y durante el tiempo que fuera necesario tras la identificación definitiva.

Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

La norma reconoce también derechos laborales y económicos a las víctimas. En concreto, el derecho a la inserción social y laboral, el derecho a acceder a la prestación del ingreso mínimo vital y el acceso a la vivienda. Igualmente se reconoce el derecho a la reparación integral y el derecho a una compensación económica adecuada en forma de indemnización.

PROTECCIÓN DE MENORES

Igualmente, contempla la protección de menores víctimas de trata y explotación. Así, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima y con un procedimiento ágil, especializado y bajo el principio del interés superior del menor.

Se pretende garantizar la información y participación de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad. También se prevén medidas específicas para los menores no acompañados y la no repatriación por interés superior del menor.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

También se crea una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, con rango de Dirección General, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador nacional a los efectos de representación de España en el ámbito internacional. Adscrito a esta Relatoría se encuentra el Mecanismo Nacional de Derivación.

Junto a ella, se regulan las unidades especializadas de las instituciones públicas implicadas en el proceso de detección e identificación. Además, aborda también la cooperación institucional e internacional con los países de origen, adoptando un enfoque integral que abarca tres ejes prioritarios: la prevención, la protección y la persecución.