Publicado 13/09/2024 17:12

Un informe del CERMI advierte del "escaso porcentaje" de jóvenes con discapacidad que llega a la Universidad

Archivo - Estudiantes en las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).
Archivo - Estudiantes en las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

   MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un "escaso porcentaje" de jóvenes con discapacidad acceden a estudios superiores y universitarios en España, lo que reduce sus posibilidades de acceder al mercado laboral, abocándolos a "trabajos precarios", según el informe del CERMI Estatal 'La juventud con discapacidad en España 2024', presentado en el marco del I Congreso Estatal de Juventud con discapacidad.

   El estudio, elaborado por el sociólogo experto en discapacidad Agustín Huete García, y la politóloga y consultora en investigación social Alicia Porras Montes, es una actualización de los informes sobre "jóvenes con discapacidad en España" realizados por el CERMI en 2010 y 2016, que aborda las dimensiones fundamentales relacionadas con la realidad de las personas con discapacidad entre los 15 y los 30 años.

   "A pesar de los avances alcanzados, transcurridos casi 20 años desde la promulgación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y de su ratificación por España, las personas con discapacidad continúan experimentando numerosas situaciones de discriminación en el ámbito educativo y laboral", señalan los autores del documento.

   En cuanto a las barreras en el ámbito educativo, advierten de que una vez superada la etapa de escolarización obligatoria, con o sin éxito, hay un "escaso porcentaje" de jóvenes con discapacidad que acceden a estudios superiores y universitarios.

   Por ello, añaden que "sus posibilidades de inclusión en el mercado laboral se ven reducidas de forma considerable, estando condicionadas al desarrollo de trabajos precarios o de escasa cualificación profesional".

   Según los autores del estudio, "apenas se potencia la continuidad en el sistema educativo, ya sea a través de la formación profesional o universitaria, mostrando una clara desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación post obligatoria y mayores dificultades para obtener un empleo suficientemente remunerado que permita avanzar en los objetivos de vida independiente y participación comunitaria".

   Además, señalan que, una vez finalizados los estudios obligatorios, disponen de "pocas opciones formativas reales y adaptadas, además de escasos o nulos apoyos para decidir qué itinerario educativo o laboral desean seguir y cómo quieren llevarlo a cabo".

   Los dispositivos a los que suele acceder la juventud con discapacidad, según precisan, son servicios específicos dirigidos exclusivamente al colectivo, "que en el mejor de los casos se centran en la búsqueda y apoyo al empleo".

   Una de las principales dificultades, a juicio de los autores del estudio, es "la inexistencia, a nivel de políticas educativas y sociales, de directrices orientadoras sobre el proceso de tránsito en jóvenes con discapacidad, con información que indique las acciones a emprender y los momentos en que sería apropiado llevarlas a cabo, distribuyendo y asignando responsabilidades entre los distintos agentes implicados".

   Ante esta situación, el documento enumera algunas propuestas para facilitar la transición a la vida adulta y la inclusión social de personas jóvenes con discapacidad como: establecer protocolos que especifiquen las acciones curriculares y de orientación a emprender tras la educación secundaria obligatoria; articular acciones específicas de coordinación entre centros educativos y dispositivos postescolares que permitan planificar trayectorias individualizadas; potenciar el papel de los equipos multidisciplinares; tener en cuenta la perspectiva de los jóvenes con discapacidad para la construcción de sus propios proyectos de vida y apoyarlos en la toma de decisiones.

   También proponen aprobar políticas activas de empleo promovidas por la Administración Pública con programas de capacitación; erradicar las barreras de accesibilidad mediante soluciones innovadoras; garantizar, especialmente en el ámbito universitario, una experiencia integradora e inclusiva para el alumnado con discapacidad; invertir en recursos educativos y pedagógicos que permitan a las personas con discapacidad, sobre todo si es de tipo intelectual o cognitivo, ampliar su formación o poner en marcha programas de mentoría.

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