Inmigrantes denuncian que el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería "perjudica a la convivencia social"

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) manifestó hoy su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería porque "lesiona gravemente" los derechos y libertades de la población extranjera y "perjudica" los valores de convivencia de la sociedad española en su conjunto.

Con motivo del debate sobre este documento en el Congreso de los Diputados, que ha superado su primer escollo, al ser rechazadas las enmiendas de totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV, las organizaciones de inmigrantes denunciaron que la futura ley "profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuirá a "criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo".

La ampliación del período de reclusión hasta 60 días en los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), las "restricciones" a la reagrupación familiar, las "limitaciones" al derecho a la educación no obligatoria para los mayores de 18 años --que sólo será accesible a los residentes en España o ciudadanos de la UE--, o el tratamiento que se da menores extranjeros en la nueva Ley, son algunos de los aspectos criticados por este colectivo.

"Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las disposiciones del proyecto de reforma de la Ley", denunciaron.

También alertaron de que con la reforma se vulneran los principios y derechos de los menores no acompañados, garantizados en la Convención de Derechos del Niño de la ONU, ya que, a su juicio, "se prima la condición de extranjero sobre la de menor en un intento de expulsar del país a cuantas más personas mejor".

Finalmente, las organizaciones denunciaron ante los diputados la "criminalización de la solidaridad y hospitalidad" de aquellas personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que decidan continuar su permanencia en España más allá de la estancia legal permitida, ya que podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.