Juezas afganas refugiadas en España piden ayuda al Gobierno para dar asilo a otras 150 colegas que siguen en el país

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco juezas afganas que han llegado a España en el último año
han pedido al gobierno español que acelere los trámites para que puedan conceder el asilo a otras 150 colegas que aún siguen en Afganistán, así como a sus familias.

Este llamamiento se ha realizado durante un acto de la Asociación de Amistad Hispano-francesa Mujeres Avenir, en colaboración con la firma de abogados Pérez-Llorca, y con el co-patrocinio de BNP Paribas, cuyo objetivo es ofrecer un espacio de expresión pública a un grupo de magistradas y juezas afganas refugiadas en España y, con ello, visibilizar el problema que sufren.

Una de las protagonistas ha sido Nazima Nezrabi, que ahora vive con su familia en Bilbao a la espera de acceder a un puesto de trabajo en España. Hasta agosto del año pasado era jueza de la cárcel de Bagram, en el tribunal especial para delitos contra la seguridad interior y exterior y delitos de terrorismo.

Ella ha explicado que lo que ocurre en Afganistán con los talibanes "es un peligro para todo el mundo" porque "cada día hay arrestos de ciudadanos, periodistas que no vuelven a aparecer, niñas obligadas a matrimonios forzosos o vendidas por un trozo de pan".

También ha recordado que, "las niñas no pueden acceder a los estudios", que la población "ha perdido su principal derecho, la libertad" y que las mujeres juezas "han tenido que abandonar nuestros puestos de trabajo, tras la llegada al poder de los talibanes".

REPRESIÓN POR SU PROFESIÓN

A esta última situación se ha referido Friba Quraishi, encargada de investigar y condenar a terroristas talibanes que asesinaron a una doctora española cooperante de Cruz Roja Afganistán y que ha reconocido la "represión que han sufrido por ejercer su profesión". "Es indescriptible", ha asegurado.

Para esta jueza los talibanes "defienden una sociedad donde niñas y mujeres malviven en sus casas como esclavas, encerradas por un trozo de pan" y ha asegurado que, "aunque el mundo occidental ha traicionado su compromiso con Afganistán, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es solo un nombre sin contenido, la mujeres valientes seguirán luchando, como en el pasado, para levantarse y recuperar su libertad en Afganistán".

"Los organismos internacionales pueden ayudar a recuperar nuestra libertad, la ONU, Amnistía Internacional, todos los gobiernos, deben cumplir sus compromisos respecto a los derechos de la mujer desaparecidos en Afganistán, tras las terribles acciones que han desacreditado a los talibanes tras su llegada al poder", ha explicado Helena Hofiany, licenciada en derecho que, desde varias secciones de la Corte Suprema de Afganistán, ha dictado numerosas sentencias contra grupos terroristas.

Safia Jan Mohammad, jueza de la Corte de Violencia contra las mujeres, ha reconocido que, en agosto del año pasado supieron que debían huir de un país "donde las mujeres que denuncian a sus maridos, novios o hermanos por malos tratos, son asesinadas" y donde "la violencia es diaria". "Doctoras son engañadas para acudir a atender a enfermas y son encontradas decapitadas como aviso al resto de mujeres. Esa es la realidad que se vive hoy en Afganistán", ha relatado.

PERSECUCIÓN A QUIENES CONDENARON A TERRORISTAS

La presidenta de la asociación organizadora, María Luisa de Contes, ha recordado que "las libertades de las que hasta ese momento disfrutaban las mujeres han desaparecido totalmente, a las niñas no les está permitido ir a la escuela, todas las mujeres deben llevar el burka, y deben tener que ir acompañadas de sus maridos para salir a la calle", ha declarado.

Contes ha incidido en "la persecución sistemática que están sufriendo las mujeres juezas" debido a su "contribución en su día al encausamiento y condena a penas de cárcel a terroristas talibanes". Según ha explicado, "algunos de estos terroristas que ya se encuentran libres gracias el nuevo régimen político, se han vengado asesinando a algunas de las que intervinieron en su procesamiento o condena".

Tras la llegada al poder de los Talibanes, las magistradas, no han podido volver a ejercer como profesionales, sus cuentas bancarias han sido congeladas y, además, algunas de ellas están amenazadas de muerte, según ha denunciado.

Del mismo modo, ha explicado que, hasta el momento son 140 las juezas han podido huir de su país y solicitar refugio y asilo en países con régimen democrático aunque, como ha indicado Contes, "no ha sido tarea fácil porque en las políticas de asilo y refugio a nivel internacional, falta la perspectiva de género".