La ley de Derecho de Defensa no incluye asistencia jurídica gratuita a mujeres con discapacidad, según CERMI

   MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha valorado positivamente la nueva Ley Orgánica de Derecho de Defensa, aunque ha lamentado que no incluye el tratamiento "específico" de la asistencia jurídica gratuita a "todas las mujeres y niñas con discapacidad para todo tipo de procesos, con independencia de sus recursos económicos".

   Así lo pone de manifiesto el CERMI en un informe en el que evalúa la nueva Ley Orgánica de Derecho de Defensa desde el enfoque de la discapacidad y la accesibilidad.

   "El legislador no ha incluido en esta Ley orgánica el tratamiento específico de la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad para todo tipo de procesos, con independencia de sus recursos económicos", señala.

   En este sentido, el CERMI ha solicitado que se reconozca este derecho ya que, según se expresa en el informe, "esta petición responde a una de las reivindicaciones sistemáticas expresadas por mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país".

   En el informe, el CERMI introduce una valoración general del proyecto de Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio público de justicia en el que señala que "esta Ley representa un avance respecto a la regulación del derecho de defensa de las personas con discapacidad" ya que, según afirman, viene acompañada del establecimiento de una serie de normas que garantizan la accesibilidad universal en diversas materias que van desde el derecho a la asistencia jurídica a la protección jurisdiccional, pasando por el derecho de información o el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad.

   Asimismo, el CERMI considera "crucial" que el proyecto de Ley incorpore la accesibilidad universal como una de las actuaciones que forma parte del derecho a la defensa y que es un elemento inescindible del derecho a la información, asistencia jurídica y relaciones que establecen las personas con discapacidad y la administración de justicia.

   El CERMI aboga en su informe por el derecho de defensa y asistencia jurídica adecuada para las personas con discapacidad en la nueva normativa, lo que, según indica, conlleva que "se efectúen o soliciten las adaptaciones precisas para garantizar el derecho de accesibilidad cognitiva, de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, al proceso legal en el que participen".

    Asimismo, apunta que aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita. "Esta será siempre accesible universalmente para asegurar el cumplimiento del derecho de defensa en igualdad de condiciones", reza el texto.

   También pone el foco en la importancia de que la accesibilidad y el derecho de información para las personas con discapacidad esté presente en la nueva ley. "La información debe prestar de manera clara, simple, comprensible y accesible universalmente de los procedimientos legalmente previstos para defender sus derechos e intereses ante los poderes públicos", indica el texto.

   En este sentido, el CERMI recuerda que, para garantizar este punto, se podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes que resulten precisos. También expone la necesidad de que la futura ley garantice la accesibilidad de las resoluciones judiciales, los actos y comunicaciones procesales.

   "En el caso de personas con discapacidad con dificultades de comprensión, para la adaptación de oficio de actos de comunicación y de resoluciones judiciales las Administraciones de Justicia correspondientes utilizarán los medios o metodologías que mejor se adapten a las necesidades de la persona" indica el informe.

   En cuanto a la asistencia letrada y la especial protección jurídica a las personas con discapacidad, el CERMI señala que "los tribunales y la Administración de Justicia deben reconocer a la discapacidad como criterio merecedor de especial protección jurídica y acceso a recursos accesibles universalmente".

   Igualmente, se refiere al establecimiento de garantías para que el profesional de la abogacía con discapacidad tenga derecho a utilizar la asistencia, apoyos y otros recursos accesibles universalmente.

   Para adaptarse a la normativa, el CERMI plantea la revisión de las medidas relacionadas con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es decir, propone una nueva redacción de la disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021 del 2 de junio relacionada con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esta revisión, según indica, debe completarse en un plazo máximo de un año desde la solicitud y, en caso de no solicitarse, señala que la revisión se realizará de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo de seis años.