MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles ha sometido a votación de las comunidades autónomas el documento refrendado en septiembre por el Congreso de los Diputados para escenificar su adhesión al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras el trabajo paralelo realizado sobre el mismo asunto en el Senado ha sido "tomado en consideración", lo que ha suscitado malestar en las senadoras que trabajaron el acuerdo.
El plan original del Gobierno, tal y como se lo habían trasladado a los diputados y senadores, era refundir ambos textos, asunto que despertó suspicacias por la falta de supervisión parlamentaria que tendría la confección del Pacto de Estado definitivo. Ese trabajo conjunto se sometería a consideración de las Comunidades Autónomas, la FEMP, el Poder Judicial, sindicatos, patronal y organizaciones de mujeres, entre otros.
Sin embargo, tras dos meses de consultas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha sometido a votación de las comunidades únicamente el texto del Congreso, tal y como explicaba al término del encuentro la ministra Dolors Montserrat.
"Nosotros hoy hemos sometido a aprobación de la Conferencia Sectorial sumarnos al acuerdo llegado en el Congreso de los Diputados y tomar en consideración la ponencia del Senado y también las observaciones hechas por las comunidades autónomas. Hemos acordado estas tres cosas: Sumarnos al acuerdo del Congreso, tomar en consideración lo del Senado y las aportaciones de las comunidades", ha explicado en rueda de prensa.
Fuentes de la Comisión de Igualdad del Senado consultadas por Europa Press expresaban este malestar así como cierta incomprensión, pues ambos informes "tienen la misma legitimidad" al obedecer en ambos casos, al mandato del Pleno de las Cámaras. En el Senado fue a partir de una moción y en el Congreso, de una proposición no de ley pero el resultado fue el mismo: instar la creación de una comisión que se encargase de este asunto.
Las mismas fuentes recuerdan además, que mientras en el Senado el informe salió adelante por unanimidad, en el Congreso no se consiguió este objetivo pues finalmente, Unidos Podemos se abstuvo. Además, en la Cámara Alta la ponencia consta de 267 medidas mientras en la Cámara Baja se plantean 213, de modo que no todo son duplicidades.