México no quiere pagar por los feminicidios en Ciudad Juárez

En lo que va de año unas 13 niñas han desaparecido en esa peligrosa localidad

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mexicano "se niega" a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los casos de feminicidios del caso conocido como "Campo Algodonero" en la que el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó al Estado por la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, denunciaron este miércoles los abogados de las víctimas.

En noviembre de 2009, la CoIDH ordenó a las autoridades mexicanas "reiniciar" las investigaciones de los homicidios de tres de las ocho mujeres que fueron asesinadas en el año 2001 en Ciudad Juárez, así como de los casos de violencia sexual y desaparición, "pero ha habido una resistencia por parte del Estado para cumplir con la sentencia", dijo a Europa Press David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El fallo histórico de la Corte condenó al Estado mexicano por no haber implementado las medidas adecuadas para proteger de la violencia a las víctimas del "Campo Algodonero", responsabilizándole de la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Laura Berenice Ramos, de 17, y Claudia Ivette González, de 19.

A partir de la decisión, las autoridades mexicanas, especialmente, la Procuraduría General del estado de Chihuahua, estaban en la obligación de ejecutar una serie de medidas "que no han sido acatadas". De las 16 disposiciones, tan solo ha cumplido con publicar la sentencia en el boletín oficial "sin que esto se haya traducido en un compromiso por parte del Estado para cumplir" con lo dispuesto por la Corte "ni tampoco se traduce en acciones concretas", lamentó Peña.

Peña precisó que el Estado mexicano ha incumplido, básicamente, en "redirigir" las investigaciones criminales de los "hechos en sí" formulando nuevas hipótesis, además de iniciar las investigaciones a los funcionarios involucrados en los homicidios por violación a los Derechos Humanos y a aquellos que amenazaron a las familias de las víctimas.

La Corte establece en el fallo "los lineamientos de las investigaciones" sobre estos homicidios en Ciudad Juárez. "No se trata de empezar desde cero, sino de que se planteen nuevas hipótesis en torno a estos crímenes y se redirijan las investigaciones para poder juzgar a los responsables", explicó el letrado.

Asimismo, señaló que las autoridades han incumplido su deber de ofrecer a los familiares de las víctimas un "servicio médico integral" con ayuda psicológica y psiquiátrica. "El Estado mexicano se ha negado a brindarles estos servicios más allá de lo que ofrece la sanidad pública", acotó.

Estas conclusiones se extraen del primer informe presentado por la ANAD, la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) al cumplirse seis meses de haberse dado a conocer la resolución. Aunque el plazo que da la CoIDH al Estado mexicano es de un año para entregar un primer balance, la defensa de las víctimas ha expresado su preocupación por la "falta de voluntad" de las autoridades para hacer frente a los feminicidios en Ciudad Juárez.

CONTINÚAN LAS DESAPARICIONES

Para Peña, la principal preocupación es que ante esta falta de interés del Estado mexicano los crímenes en Ciudad Juárez siguen ocurriendo. En lo que va de año, 13 niñas han desaparecido en esa peligrosa localidad, donde desde 1993 se han registrado más de 500 feminicidios, sin que hasta la fecha se hayan juzgado a los responsables.

La sentencia de la Corte es la primera que emite ese organismo contra un Estado miembro y es, asimismo, la primera resolución que se conoce sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. "Es por esta razón la importancia de que el Estado dé cumplimiento (al fallo)" porque de lo contrario se reforzaría más la "impunidad" que existe sobre estos casos, subrayó el abogado.

Peña advirtió de que "cuanto más tiempo pase" sin que las autoridades comiencen a dar cumplimiento a la sentencia "las pocas pruebas que quedan se van ir a perdiendo y se van a complicar aún más las investigaciones, y los casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez van seguir ocurriendo.