¿A qué obstáculos se enfrentan las personas con discapacidad intelectual acusadas de delitos?

   MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Plena inclusión participa en el proyecto europeo 'ENABLE' ('Habilitar la inclusión y el acceso a la justicia de los acusados con discapacidad intelectual y psicosocial'), que analiza las barreras a las que se enfrentan personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que han sido acusadas de algún delito con el fin de promover el acceso a la justicia y procesos penales más justos en ocho países de la Unión Europea (UE): Rumanía, Bulgaria, Chequia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Portugal y Lituania.

   Como destacan los impulsores de esta iniciativa, durante la detención, el proceso judicial, la reclusión y la reinserción, estas personas tienen menos oportunidades de entender todo lo que les está sucediendo, y de poder defenderse.

   En concreto, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que son acusadas de algún delito se enfrentan a varias barreras que suelen relacionarse con un entorno físico inaccesible, la falta de información comprensible y tecnologías de comunicación apropiadas, una situación que se ve agravada por la ausencia de asistencia y representación legal cualificada, ya que muchos profesionales del sistema judicial carecen de concienciación, conocimiento y habilidades para afrontar este tipo de casos.

   Este proyecto europeo es ejecutado por un grupo de 9 ONG: Validity Foundation (coordinador del proyecto), de Hungría; Centrul de Resurse Juridice, de Rumanía; Fenacerci - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, de Portugal; Fórum pro lidská práva, de República Checa; Comisión Internacional de Juristas - Instituciones europeas; KERA Foundation, de Bulgaria; PIC - Pravni center za varstvo clovekovih pravic in okolja, de Eslovenia y Confederación Plena Inclusión, de España.

   Esta última ha organizado una serie de grupos de trabajo en España, en los que participan abogados, jueces, policías y guardias civiles, profesionales de prisiones, profesionales de organizaciones sociales y personas con discapacidad intelectual.

   En estos encuentros se ha puesto de manifiesto que no existe un sistema de gestión de casos para informar de que una persona tiene una discapacidad intelectual y requiere ajustes de procedimiento específicos. Como resultado, muchas personas tienen ajustes implementados en un procedimiento penal pero no en otro.

   Además, aunque existen herramientas adaptadas (como documentos de lectura fácil) para informar a las personas de sus derechos o de las normas penitenciarias, denuncian que "rara vez se utilizan" ni se disponen de recursos para las personas que necesitan otros apoyos, como sistemas de comunicación alternativos y aumentativos.

   Según se desprende del documento informativo sobre las barreras que enfrentan las personas acusadas con discapacidad intelectual o psicosocial en el sistema judicial en España, elaborado por Plena inclusión España, las características de las personas con discapacidad" suelen interpretarse erróneamente como un comportamiento poco cooperativo en las investigaciones policiales o los procedimientos judiciales".

   Como detalla el informe, este hecho se produce en gran medida por "la falta de comprensión de la discapacidad y sus características por parte de los operadores jurídicos" como la necesidad de más tiempo para responder a las preguntas o la falta de comprensión de las mismas, que hace que la persona no responda a lo que se le pregunta.

   Por todo ello, alertan de que cuando existe sospecha en la persona investigada o imputada tiene una discapacidad, la legislación penal española no prevé instrumentos que permitan valorar los apoyos que la persona precisa para su plena participación en el proceso penal y tampoco prevé modificaciones procesales que eviten la indefensión y garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, entre otras cuestiones.

   Los autores del informe consideran que las leyes penales deben modificarse para reconocer los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de realizar ajustes de procedimiento. En este sentido, señalan que las personas con discapacidad deben ser consultadas e incluidas en los debates sobre cómo hacer el sistema judicial más accesible para ellas (por ejemplo, participando en acciones de formación para profesionales de la justicia penal).

   También piden garantizar y desarrollar la figura del facilitador para que las personas que lo requieran puedan contar con él a lo largo de todo su proceso judicial y desde el primer contacto con el sistema pena o crear un protocolo de actuación para los profesionales que intervienen en los procedimientos judiciales cuando la persona acusada sea una persona con discapacidad.

   Así, el estudio aboga por mejorar la coordinación entre los agentes de la justicia a nivel estatal, regional y local; formar a los agentes jurídicos sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o que las personas con discapacidad intelectual reciban información accesible sobre sus derechos, entre otras cuestiones.

GRUPOS DE TRABAJO

   Por el momento, en España se han celebrado seis reuniones de estos grupos de trabajo en diferentes comunidades autónomas: Madrid, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias. Las federaciones de Plena inclusión en estas comunidades han colaborado en la organización de las reuniones. En cada uno de estos grupos han participado unas 10 ó 12 personas.

   En la primera parte de estas reuniones, una profesional y una persona con discapacidad intelectual de Plena inclusión explican a los asistentes cómo es el proyecto y cómo afectan las barreras a las personas con discapacidad en los procesos penales. Después, las personas participantes reflexionan sobre las barreras que pueden encontrar estas personas y qué cambios se pueden hacer para evitar o cambiar estas barreras.

   Los grupos de trabajo también han servido para reunir herramientas que ya existen para apoyar a personas con discapacidad intelectual en las detenciones y procesos, y han generado contactos y propuestas de colaboración entre las personas participantes, como señalan desde Plena inclusión.

   El próximo 23 de mayo, Plena inclusión celebrará en Madrid la última de las reuniones del proyecto ENABLE. Una parte de la reunión contemplará la formación a estas personas con todos los resultados de las reuniones anteriores, conclusiones que se documentarán en un 'Libro de Buenas Prácticas' que publicará Plena inclusión.