MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones que forman parte de la Alianza por la ley de Igualdad de Trato han celebrado este jueves su aprobación en el Congreso, aunque han reconocido que el texto tiene carencias en materia de accesibilidad o de protección de la infancia.
A este grupo pertencen entidades como Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz, Provivienda, Red Acoge o Save the Children.
Todas ellas, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han declarado esta norma como un "instrumento imprescindible para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral".
En este sentido destacan que la norma incorpora, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, un régimen sancionador, la creación de un organismo independiente de Igualdad, la introducción del antigitanismo en el código penal como un delito de odio específico y la incorporación de la definición de segregación escolar, tal y como pedían las entidades.
Del mismo modo, han señalado que se refuerza la protección de las personas en situación de sinhogarismo frente a la discriminación, ampliando el ámbito objetivo de la ley al uso y estancia en la vía pública.
Sin embargo, desde la Alianza también se critica que esta norma carece de medidas que aborden cuestiones como la accesibilidad, la protección de la infancia, el diálogo con la sociedad y la formación de agentes clave en la lucha contra la discriminación.
Además, han reconocido que echan en falta "una mayor concreción de las conductas que pueden dar lugar a una sanción" y de cuestiones como la interseccionalidad, la inversión de la carga de la prueba, la reparación, la discriminación en el ámbito de lo público, la discriminación estructural y la que puede ejercerse por determinadas instituciones, como puede ser la policía, los servicios sociales o la Administración de Justicia.
En lo relativo a la protección a las víctimas, las ONG alertan sobre "vacíos importantes", dado que, a su juicio, la Ley no contempla mecanismos suficientemente efectivos de protección integral, tales como el acompañamiento y la traducción. Además, han señalado que "la regulación de la discriminación en determinados ámbitos sigue siendo deficiente, como en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación o las empresas".
AVANCE CONTRA EL ANTIGITANISMO
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali ha reclamado una rápida entrada en vigor de esta norma. Desde la entidad señalan que este texto es la culminación de "un trabajo de más de una década" en la que el Tercer Sector, incluyendo Fakali, han participado de manera activa en su creación.
Desde Fakali han señalado que defienden "la imperiosa necesidad de la puesta en marcha de esta Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, destinada a fortalecer el derecho antidiscriminatorio español persiguiendo y sancionando aquellos actos de discriminación que, por no tener suficiente entidad penal, quedaban hasta ahora totalmente impunes".
"La posibilidad de que dichas acciones puedan ahora ser castigadas desde el ámbito administrativo supone un antes y un después que, sin duda alguna, repercutirá de manera positiva en esta tarea de combatir toda forma de discriminación, incluyendo el antigitanismo", ha celebrado la organización.
La presidenta de la entidad, la diputada del PSOE Beatriz Carrillo, ha señalado en su intervención en el debate que ha tenido lugar en el Congreso, que se trata de "un día grande para la igualdad". "Porque después de 10 años de espera tenemos que felicitarnos por la aprobación de una ley que facilitará una sociedad más justa y equilibrada", ha explicado.
También la Fundación Secretariado Gitano ha llamado a la aplicación de este texto esperando, según han señalado, que "tenga un gran impacto en la protección de las personas gitanas frente a las situaciones de discriminación y antigitanismo".
Tal y como han recordado, desde los inicios del proceso, hace 12 años, la entidad se ha implicado en "la elaboración y aprobación de esta ley" y ha realizado "aportaciones a su contenido, desde un enfoque de género y de derechos humanos, en base a estándares europeos e internacionales, con el objetivo de que la ley contemplara todas las medidas oportunas para la erradicación de todas las formas de discriminación y antigitanismo".
Para la Fundación, la aprobación de esta ley supone "un importante avance en España para la protección del derecho a la igualdad" y cree que "tendrá un impacto muy especial en la comunidad gitana", siendo este, según ha destacado, "uno de los grupos que enfrenta más situaciones de discriminación".