MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Patronales de la Dependencia en España se han mostrado dispuestas a recurrir a la justicia europea si el PSOE no "levanta el veto" a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que pedía equiparar el IVA al 4% en todos los servicios de atención a la Dependencia para acabar con lo que consideran "una injusticia histórica".
"Tenemos aún 10 días por delante para que se quite el veto pero es verdad que si esto no pasa, no tendremos más remedio que hacer otras acciones", ha explicado la presidenta del Círculo de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, este miércoles en rueda de prensa, mostrándose dispuesta a utilizar todas las vías posibles.
Así se ha pronunciado Pascual después de suscribir, junto a representantes de más de 8 millones de pensionistas y jubilados un manifiesto, impulsado por CEAPs, para exigir que todas las personas dependientes tributen al mismo tipo reducido del 4% por los servicios a la Dependencia.
Pascual ha precisado que no es una cuestión de "fiscalidad" sino de "justicia" pues, en estos momentos, no todas las personas que viven en residencias, acuden a centros de día o reciben cuidados en el entorno familiar pagan el mismo IVA por el mismo servicio.
Actualmente, según ha explicado, las personas dependientes a la espera de una plaza pública o concertada en una residencia --en el "limbo" de la Dependencia-- tienen que pagar, mientras tanto, si quieren acudir a una privada, un precio medio de 1.777,62 euros al mes, más IVA del 10 por cierto (entre 2.100 y 1.400 euros dependiendo de la comunidad autónoma), una cantidad superior a la pensión media en España, que es de 1.170,96 euros, a fecha de diciembre de 2020.
Esta situación no debería producirse si se cumpliera la ley, que dice que la persona dependiente debe recibir el servicio o prestación que solicita en un plazo máximo de 180 días. Sin embargo, se tarda de media 468 días. En ese tiempo, las personas dependientes se ven obligadas a contratar un servicio privado.
Por ello, mientras no cambia esta situación, los firmantes del manifiesto piden, al menos, corregir lo que consideran "una injusticia social": que estas personas tengan que pagar un IVA del 10% por estos servicios privados cuando por un servicio idéntico contratado en la pública o la concertada, este IVA es del 4%.
UNA DIFERENCIA DE UNOS 120 EUROS MÁS AL MES
Esta diferencia puede suponer hasta 120 euros más mensuales, en el caso de que la residencia cueste 2.000 euros (con el IVA del 10% serían 200 euros de IVA y con el 4% serían 80 euros).
Tanto Pascual, como el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, y el secretario general Asociación Estatal de Servicios para la Dependencia (AESTE), se han mostrado "esperanzados" en que el PSOE cambie de opinión pero, si no es así, no dudan en acudir a los tribunales europeos.
"Si esta semana no se atiende nuestra petición de enmienda, iremos a la justicia europea", ha subrayado el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, aunque se ha mostrado "optimista" por que el PSOE deje finalmente votar la enmienda. "El Gobierno que era de la gente, que decía que nadie se iba a quedar atrás, tiene la excepcional oportunidad de demostrarlo", ha remarcado.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, quien ha apuntado que la situación actual es "claramente discriminatoria" y ha abogado por "crear conciencia civil" para que "sea la sociedad la que presione a los partidos políticos" para que se equipare el IVA al 4%.
Entre las organizaciones que han suscrito el manifiesto, también figura la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD).
En el manifiesto todas ellas reclaman a los políticos, en el Gobierno y la oposición, que "estén a la altura y se pongan al lado de los mayores, de las personas dependientes y de sus familiares".
Además, los firmantes señalan que esta equiparación del IVA mejoraría "la economía del país". Según sus cálculos, la recaudación del Estado se incrementaría en 170 millones de euros.
En este sentido, explican que una rebaja del IVA movería a más familias a acudir a la contratación de servicios profesionales, lo que conllevaría una mejora en la ocupación de los centros y nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, una reducción en el número de parados y un ahorro en las prestaciones por desempleo.
Las organizaciones o personas que, a título individual deseen adherirse al manifiesto, pueden hacerlo en la página web de CEAPs 'www.ceaps.org'.
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